Fuente: SEMMÉXICO

Las 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 24 entidades y 643 municipios del país que fueron declaradas en la última década dejaron de operar desde el primero de enero, “hay un vacío legal e institucional”, desapareció el fondo de más de 400 millones de pesos anuales que las sostenía, se paralizaron las pocas acciones gubernamentales y los grupos que le daban seguimiento no logran diálogo con el gobierno.

Así lo aseguraron 3 coordinadoras de la Red Nacional de Alertistas, Ma. Luisa Sosa de la Torre, de Zacatecas, Leticia Burgos Ochoa de Sonora y Evangelina Flores Ceceña de Colima, participantes en un informe sombra, donde la evaluación concluye que no se cumplió el objetivo de las AVGM, no hubo coordinación, “no les importa”, hubo lentitud y se usó a la Alerta “políticamente”, destacó la alertista de Zacatecas.

Sin embargo el Estado Mexicano evade su responsabilidad que por ley debe atender la Secretaría de Gobernación dijo Burgos Ochoa y aunque todo fue desde antes “simulación”, y se tiraron a la basura “millones de pesos, ahora es peor porque no hay nada”, afirmó Verónica Cruz Sánchez del grupo Las Libres de Guanajuato, que no está en la Red. En todo el país sólo 84 municipios presentaron acciones programadas, pero nunca tuvieron dinero.

La AVGM es un mecanismo de emergencia para atender con la coordinación de tres niveles de gobierno la violencia contra las mujeres en lugares específicos donde haya motivo de alarma. Es parte de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, creada en 2007.

Entre 2007 y 2015 declarar la AVGM fue motivo de litigio por la negativa de los gobernadores, “luchamos por ella” y se fueron identificando sitios claramente violentos contra las mujeres, recordó Cruz Sánchez. En 2015 se declaró la primera pero dijo la activista todos estos años “no se logró disminuir la violencia” y hubo mucha manipulación política. Lo grave es que no se previene y no se resolvió la violencia básica, la familiar que se disparó en los últimos años, tampoco se atiende la violencia estructural, ni la criminal.

Tras la resistencia de los gobiernos estatales, coinciden las entrevistadas, los gobernadores o gobernadoras admitieron la declaración de la AVGM, e incluso hubo alguno que se la autodeclaró, “pero hicieron casi nada” y hoy se puede probar, que se expande la violencia, se maquillan las cifras, se dice que hay menos feminicidios, pero crecen exponencialmente las desapariciones, los homicidios dolosos y los asesinatos cometidos por el crimen.

Sin embargo, Marcela Lagarde y de los Ríos, autora de la AVGM, sostiene que el Estado está rebasado por todas las violencias, incluido el feminicidio, considerado el extremo de la violencia de género. Pese a ello, reconoce que hay marco jurídico y andamiaje institucional, por lo que no debe desaparecer esta herramienta.

José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, afirmó que las acciones que deben hacer los estados alertados no se cumplen, relató cómo se batalla en Morelos, donde ahora hay diálogo con la gobernadora, pero no se ha cumplido.

Según el último reporte de CONAVIM se emitieron 578 medidas relacionadas con las áreas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño, que deben seguir las autoridades locales, derivado de la declaratoria AVGM. Los grupos que las promovieron, si dan seguimiento.

En la práctica, coincidieron expertas y activistas consultadas mientras la violencia contra las mujeres se expande por todo el territorio nacional hay total opacidad en el proceso de transición de las funciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres CONAVIM, encargada de las alertas.

La CONAVIM extinguida legalmente y su decreto de creación abrogado, pasó la responsabilidad a la Secretaría de las Mujeres, por un decreto, donde, según Burgos Ochoa, no hay ni la capacidad material ni intelectual para asumir las funciones de CONAVIM que de acuerdo con lo establecido en el artículo 36, fracción I, de la Ley de Acceso la responsable es la Secretaría de Gobernación que además preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Eso, legalmente, no ha cambiado.

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