Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

A su paso por la hoy extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante cuatro meses de 2021 y todo 2022, Ernestina Carro Roldán, permitió el pago de bonos y compensaciones al personal, y también a “aviadores”, anomalías que, sin embargo, fueron consideradas “de poca relevancia” por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Merced a eso, los reportes de la revisión al gasto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) correspondientes al ejercicio de 2023, no se hicieron públicos -junto a los del resto de los más de 100 entes fiscalizables- ni tampoco entregados al Congreso local, justificó Arturo Lucio Salas Miguela.

Entrevistado por Selene Sosa, reportera de Gentlx, el titular del OFS, admitió tácitamente que la dependencia habría realizado un manejo pulcro de su presupuesto, algo que resulta difícil de creer.

Explicó que, como la PGJE fue auditada tanto en 2021 como en 2022 y las observaciones realizadas esos años “fueron más en el aspecto administrativo que por daño a la hacienda pública”, los reportes del ejercicio fiscal 2023 no aparecen en la página web del OFS.

La PGJE dejó de existir como tal desde el 31 de julio para convertirse -a partir del primer minuto de este jueves 1 de agosto- en Fiscalía que, supuestamente, goza de autonomía, aunque como titular fue impuesta por el Congreso local la exprocuradora Ernestina Carro Roldán.

ANOMALÍAS “SOLVENTADAS” DE CUATRO MESES DE 2021

Según los resultados de la revisión y fiscalización del periodo comprendido del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021 -que fueron los primeros cuatro meses del actual gobierno estatal y de Ernestina Carro como procuradora-, la dependencia no registró daño patrimonial alguno, ya que pudo solventar las observaciones realizadas por el OFS.

De acuerdo con documentos públicos, de la revisión al Fondo de Participaciones Estatales “se determinó un probable daño a la hacienda pública por 2 millones 096 mil 936.06 pesos, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios”.

Con la información y documentación presentada, la PGJR justificó, acreditó y/o subsanó “las irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la hacienda pública o al patrimonio que se determinaron en la aplicación de los recursos públicos”, por lo que el reporte aparece en ceros.

Sin embargo, de las observaciones solventadas aparecen las siguientes erogaciones:

Gasto por 2 millones 013 mil 927.16 pesos, por concepto de seguro vehicular; adquisición de bienes y servicios -de los que no hay referencia alguna- por 20 millones 888 mil 073.52 pesos; pago a servidores públicos por 1 millón 693 mil 233.44 pesos por concepto de bono anual y “otras percepciones”; y compensación a funcionarios y servidores públicos por 3 millones 163 mil 195.98 pesos.

También aparecen pagos por estímulo de productividad a servidores públicos por 104 mil 496.96 pesos; y “bonificación Procuraduría” por 789 mil 500 pesos a servidores.

POCO, PERO HUBO DAÑO PATRIMONIAL EN 2022

A la cuenta pública del ejercicio de 2022, el OFS detectó un posible daño patrimonial en la Procuraduría por la cantidad de 190 mil 404.20 pesos -de un importe devengado al 31 de diciembre de 259 millones 718 mil 214.06 pesos-, con lo cual evidencia que “incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos”.

En un principio, el OFS detectó una probable afectación por 11 millones 246 mil 116.93 pesos por concepto de gastos sin documentación comprobatoria; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación (la cantidad más alta por 7 millones 998 mil 320.15pesos); gastos improcedentes, y pagos a empresas que no justificaron operaciones comerciales.

Sin embargo, después de las observaciones realizadas, la PGJE no pudo solventar 190 mil 404.20 pesos por concepto de gastos improcedentes, monto que terminó por considerarse como probable daño a la hacienda pública.

Entre las solventaciones que sí pudo hacer, destaca la relacionada con un pago de remuneraciones por 296 mil 485.32 pesos a un servidor público quien desempeñó el puesto de perito durante el ejercicio fiscal 2022, mismo que, en un principio, no acreditó a través de documentación, conocimientos profesionales y técnicos, correspondientes a la disciplina sobre la que debía dictaminar.

También aclaró una erogación por 591 mil 666.12 pesos por el servicio de alimentos para personas, a una empresa cuyo domicilio fiscal resultó inexistente. En este caso, fue acreditada la recepción de los productos, y respecto de la contratación del proveedor, argumentó que fue responsabilidad de la Oficialía Mayor de Gobierno, a cargo de Ramiro Vivanco Chedrahui.

Además, echó mano de constancias de servicios, cartas de incompatibilidad de horario y reportes de asistencia para solventar los casos de una decena de “aviadores” -que fungían como agente de Policía Ministerial, jefe de sección, auxiliar administrativo A, archivista A, auxiliar técnico A, taquimecanógrafo, agente del Ministerio Publico, analista, jefe de unidad y perito-, quienes recibieron remuneraciones durante el ejercicio fiscal 2022 por 2 millones 115 mil 185.75 pesos, pese a que estaban en nómina de personal en otros entes públicos, “existiendo incompatibilidad de empleos”.

En otro caso de “aviaduría”, el OFS detectó “la incompatibilidad de horarios de un servidor público (Itzia Fernanda N), quien recibió un total de percepciones por 190 mil 404.20 pesos y desempeñó el cargo de jefe de sección (en la PGJE), mismo que fue localizado en la nómina de otro ente fiscalizable (Tribunal de Justicia Administrativa) con cargo de recepcionista H”.

Sobre ese asunto, “mediante oficio DESP/349/2023 de fecha 29 de mayo de 2023, remiten en propuesta de solventación, oficio de fecha 19 de mayo de 2023, con el que informan que se han realizado los trámites administrativos correspondientes y que a su vez trae como consecuencia el inicio de investigaciones ministeriales respectivas; sin embargo, omiten resolución de la autoridad competente y/o justificación oficial de la incompatibilidad detectada”.

Otra observación solventada corresponde a la compra de neumáticos para el parque vehicular de la Procuraduría por 925 mil 504.55 pesos a través de adjudicaciones directas con un solo proveedor.