Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Aunque ya concluyó el plazo para realizar la investigación complementaria respectiva, todavía no será resuelta la situación jurídica del presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto N., por lo que permanecerá todavía más tiempo en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De manera escueta, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que “el proceso continúa, pese a que el tiempo para la investigación complementaria se cumplió. Continúa la parte judicial y (el edil) continúa en prisión preventiva”.

Sin embargo, la dependencia no dio a conocer cuánto tiempo más permanecerá con esa medida cautelar, lo que abre la posibilidad de que, en esa condición, termine su gestión como presidente municipal, la cual concluye el último día de agosto.

El domingo 26 de mayo de este año el juez de la causa resolvió que Hildeberto N., fuera vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y además estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Aquel día, la dependencia -que está a unas horas de convertirse en Fiscalía a partir del 1 de agosto- dio a conocer que el agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo la vinculación a proceso en contra del edil.

Durante la audiencia respectiva, el representante del fuero común expuso ante el juez los datos probatorios suficientes que acreditaron la responsabilidad del indiciado en el uso indebido de recursos públicos.

Hildeberto N., fue detenido el pasado 20 de mayo frente a la sede del ayuntamiento de Zacatelco por policías de investigación, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, y puesto a disposición del Ministerio Público señalado por hacer uso indebido de recursos públicos, “lo que derivó en adquisiciones ilícitas, pagos de bienes y servicios sin acreditar su recepción”.

En la audiencia inicial, dos días después de ser aprehendido, la defensa del presidente municipal solicitó la duplicación del término legal para que la jueza Cuarto Interina Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer determinara su situación jurídica.

De acuerdo con documentos públicos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, el alcalde incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos, por lo que habría incurrido en un probable daño patrimonial por la cantidad de 10 millones 796 mil 563.22 pesos.