Fue privada de su libertad desde el 11 de diciembre de 2015

Por Selene Sosa

Organizaciones civiles como el Colectivo ‘Mujer y Utopía’ y el Centro Fray Julián Garcés, así como familiares de Keren N., emitieron un comunicado para exhortar a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, la revisión de la acusación en su contra.

Así como a revertir la injusticia que la ha mantenido por prácticamente 8 años privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Femenil, ubicado en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, desde el 11 de diciembre de 2015, por el delito de secuestro.

Las organizaciones civiles recordaron que Keren N. ‘Fue detenida de forma arbitraria por hombres vestidos de civil (que después se supo que eran de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Tlaxcala), quienes la subieron a un vehículo, le quitaron a su hija recién nacida y ejercieron actos de tortura contra ella para obligarla a firmar una declaración donde se autoinculpaba de participar en un secuestro’.

El proceso, resaltaron, se llevó a cabo con total atropello a sus derechos humanos, así como con múltiples irregularidades y en el cual se omitió garantizar la perspectiva de género, concluyendo con una sentenciada de 50 años de prisión, ‘acusada de un delito que no cometió’ y, por supuesto, alejada de su hija.

Afortunadamente, organizaciones civiles conocieron y siguieron el caso, por lo que a través de un juicio de amparo se reabrió el proceso penal, gracias al acompañamiento y pruebas de la inocencia de Keren N. por parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh).

‘Se han demostrado los impactos de la tortura y violencia de género que ha habido en el caso. La Procuraduría tiene en sus manos la oportunidad de que Keren sea liberada y regrese con su familia, especialmente con su hija, de quien fue separada tras su detención cuando se encontraba recién nacida’, insistieron.