Por Edgardo Cabrera

“Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla”, reza el sabio refrán y aplica de forma contundente al secretario Celaya que en diversas entrevistas a modo puso en evidencia que ignora el marco legal de Tlaxcala, pero también, lo que hacen sus compañeros de gabinete, además nos confirmó que vino a la entidad para hacer su “doctorado” en ciencias del reparto de culpas.

Resulta que, en todas esas patéticas exposiciones, culpó a los ayuntamientos donde se cometieron delitos de alto impacto o se evidenció la flagrante trasgresión a la ley, pero también quedó confeso de su complicidad y tolerancia a los delincuentes.

En Calpulalpan, por ejemplo, dijo que la ejecución de Gustavo Ángel N., de 24 años de edad a manos de un comando de seis sujetos a plena luz del día y con armas largas, se debió a su conocida actividad de narcomenudista y por ser heredero de la plaza de su padre, “El Goku”, acribillado meses atrás. Todos sabían de las actividades delictivas, dijo, incluso Celaya, entonces por qué no actuaron para detenerlos y acabar con esa red delincuencial.

En Chiautempan, Zacatelco y en Tenancingo, tanto los asesinatos como los linchamientos son por culpa de la población, por sus borrachos y mariguanos. 

Para el caso de Apetatitlán, dijo que el funcionamiento de un table dance, mismo que se ubica enfrente de una de las delegaciones de la policía estatal y de la estación central de bomberos, es responsabilidad del ayuntamiento, lo anterior luego de que salieron a relucir fotos de actrices porno posando a plena luz del día sobre la carretera sin que ninguna autoridad hiciera algo.

De ello trató de lavar las culpas de la administración de su jefa, y dijo que el municipio consciente la actividad, pese a que la ley prohíbe el funcionamiento de los giros negros en todo el territorio estatal, en lo cual tiene razón, sin embargo, la propia legislación estatal es clara en cuanto al otorgamiento de permisos y licencias que compete únicamente al gobierno del Estado.

Los artículos 155 y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, señalan que es facultad del gobierno estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, expedir o refrendar las licencias de funcionamiento de los establecimientos o locales en los que se expenden bebidas alcohólicas. 

Por lo que los ayuntamientos de Tlaxcala no pueden autorizar la operación de esos tugurios, pues en 2018 entró en vigor una reforma a la ley municipal que lo prohíbe. Pero ahí no acaba el asunto, un oficio en nuestro poder fechado el pasado 31 de enero evidencia que la Secretaría de Finanzas consintió el funcionamiento del citado club nocturno, incluso lo conmina a que corrija voluntariamente su situación fiscal.

Para rematar, la inseguridad llegó al que promocionan como «principal atractivo turístico de Tlaxcala», Val’Quirico, donde alrededor de las 1 de la tarde del jueves asaltaron una vinatería y amarraron a la empleada los delincuentes que entraron y salieron como si estuvieran en su casa; el viernes desde la mañana otro asalto violento más se registró en la capital del estado donde a la víctima la dejaron encapuchada y maniatada, y por la noche asesinaron a una persona de tres tiros a dos cuadras de la policía estatal; un intento de linchamiento en San Pablo del Monte; balearon la casa de un líder transportista en Teolocholco y por la noche acribillaron a un sujeto en Natívitas; y en la mañanera de AMLO se dio a conocer la detención en Tlaxcala de un líder de la organización “Sangre Nueva Zeta”, cuando la Triste Historia sigue negando la presencia de delincuencia organizada; entre otra ola más de hechos delictivos como el asalto violento al transporte y tiendas de conveniencia, todo ello, desde la llegada del ex vicefiscal de Guerrero cuya esposa fue colaboradora cerca de García Luna.