Por Edgardo Cabrera

Después de lo ocurrido el fin de semana Zacatelco, quedó claro que la aplicación del decreto bala por primera ocasión ante un intento de linchamiento fue un completo desastre, de nueva cuenta por cortesía del protagónico y sensible secretario de seguridad.

Si atendemos a lo que establece el decreto publicado el pasado 10 de febrero en el apartado referente al denominado “tercer anillo”, establece que un tercer contingente de policías formará parte de la última de tres barreras de elementos establecida para el rescate de los retenidos por la población.

Pero, además, es claro, sostiene que “sólo en caso de ataque con arma de fuego por parte de personas que integran el conflicto o ajenas a ellas, los elementos policiales actuando bajo el principio de absoluta necesidad podrán repeler la agresión mediante el uso de armas letales”, eso que está establecido en su decreto no se cumplió en el incidente del sábado donde una muchedumbre retuvo a 9 personas que se encontraban a bordo de una unidad de transporte público señalados como supuestos asaltantes.

En ningún momento alguno de los pobladores portaba arma de fuego, por lo que tampoco hubo un ataque con ella, lo que sí se vio es que algunas personas lanzaron tierra y otros objetos a los uniformados que rodearon la camioneta colectiva. Vale decir que en el operativo también se encontraba el secretario Celaya en un intento de mostrar su “hombría” frente a sus subordinados, ¡quién más que el protagónico funcionario para atestiguar la puesta en marcha de su bodrio protocolo!

Sin más, uno de los policías realizó detonaciones de su arma de fuego al aire, rompiendo así el protocolo publicado en el citado decreto bala. Ahí no acaba el asunto, su reacción fue en un claro intento por proteger a su jefe quien en el transcurso de los minutos se notaba visiblemente alterado y en momentos temeroso por las consignas lanzadas por la muchedumbre y la presión de la gente, es así que después de las balas al aire, sepa dios a dónde fueron a caer, lo que prosiguió fue el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno.

Estamos ante el claro abuso de autoridad, pero, además, un acto ilegal al no seguir a rajatabla el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 10 de febrero. 

Ahí no acaba el asunto, no entendemos por qué en estas circunstancias no emplean el camión antimotines que les gusta utilizar para atacar e intimidar a manifestantes, como el pasado 8 de marzo cuando dispararon sus cañones de agua contra mujeres manifestantes que se encontraban lejos del grupo que estaba frente a palacio de gobierno golpeando las vallas de metal.

DESCOORDINACIÓN

Por cierto, el desastre no acaba solamente en el operativo, sino que los señalados como asaltantes del transporte público quedaron en libertad el mismo lunes. Se trata de cinco adultos y cuatro menores originarios de Puebla, a quienes la autoridad no les pudo fincar ningún delito.

Nos cuentan que no es porque no haya existido denuncia de por medio, sino por los errores, una vez más, en la puesta a disposición de los detenidos, ya que por si fuera poco surgió una disputa de la competencia entre el alcalde de Zacatelco y el secretario Celaya, y derivado de esas diferencias administrativas y de procedimiento, y de egos, no hicieron bien su labor, por lo que salieron libres.

Para precisar, la noche del sábado el conflicto estalló cuando fueron señalados dos sujetos como probables responsables de robo con violencia en una unidad del transporte público de pasajeros, junto con ellos otras siete personas que los acompañaban en otro vehículo que habían abordado para huir fueron retenidos por la población cansada de la delincuencia. 

La historia concluye con los disparos al aire de un policía defendiendo a su jefe, el abuso de nueva cuenta del gas lacrimógeno, el pleito entre autoridades, la libertad inmediata de los presuntos delincuentes y la impunidad frente a la ola de asaltos al transporte público.

No cabe duda que a Tlaxcala las ocurrencias y el protagonismo les cobran factura a los ciudadanos.