Por Edgardo Cabrera

El viernes sorprendió la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la emisión de la recomendación 01/2023 por marchas de mujeres activistas y colectivos, que a la letra es una clara carta de buenas intenciones, impunidad para los agresores del 8 de marzo de 2022, y la continuidad de la construcción de un gran tinglado para justificar las restricciones que pretenden establecer de cara a las protestas de este año.

Basta leer el documento para corroborar que los granaderos que utilizó el gobierno de Lorena Cuéllar en contra de las mujeres, y que lo mismo emplearon toletes, que gas lacrimógeno, o incluso extintores y escudos, no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa por su actuación arbitraria, como tampoco quien en ese momento fungía como encargado de la policía estatal, Maximino Hernández Pulido, y que continúa laborando como servidor público en otra importante instancia de seguridad.

Lo mismo ocurre con la procuradora general de justicia del Estado, Ernestina Carro. El organismo autónomo parece que le teme, porque tampoco la señala de forma directa por sus omisiones y tortuguismo en las investigaciones de las agresiones del año pasado, es claro que lo que se buscó una vez más protegerla, recordemos que, por la tortura y muerte de un detenido, hechos ocurridos al interior de la dependencia, el organismo dejó al margen de toda responsabilidad a la funcionaria, y por el contrario a ahí sí fueron recomendados policías de investigación y su jefe.

Ahí no acaba la cosa, en la citada recomendación se solapa la actuación de la policía estatal ante futuras manifestaciones y marchas de protesta, ya que consienten la “vigilancia” permanente para evitar “cualquier acto injustificado ilegal o arbitrario”, lo mismo de las personas que participen que las que presencien dichas formas de expresión, es decir, las propias mujeres manifestantes que realicen iconoclasia podrían estar en el supuesto de incurrir en acciones consideradas ilegales porque bien podrían justificar la actuación policíaca por “dañar” infraestructura pública o propiedad privada.

Para rematar, la Comisión extiende su recomendación al Congreso como al Tribunal Superior de Justicia, para que adecuen el marco legislativo, y también establezcan una agenda de trabajo sobre las carpetas de investigación y expedientes que se derivan de las personas participantes en las manifestaciones y que han generado inconformidad en su investigación e integración procesal, con ello descuidan el objeto central de la inconformidad tras las agresiones del año pasado, que serían consecuencias administrativas y legales inmediatas contra los que abusaron de su poder empezando por la propia gobernadora.

Lo que se esperaría de la citada recomendación 01/2023 es que además se hubiese ordenado una disculpa pública del Estadoencabezado por Lorena Cuellar porque fue ella y solamente ella la que avaló que el día en que las mujeres salieron a expresar su preocupación por la violencia de género, fueran agredidas, estigmatizadas y además tratadas como peligrosas delincuentes, por lo que era necesario colocarles muros, vallas y hasta plásticos para evitar que fueran a “maltratar” el palacio de gobierno.

BALAZOS Y ABRAZOS

Y qué hará la CEDH en torno al decretazo de Cuéllar que autoriza el uso de la fuerza letal, de los balazos, en lugar de los abrazos, o mejor dicho, de priorizar el dialogo y atender las causas que derivan en los linchamientos.

Es claro que la gente está harta de la pésima seguridad pública, pero también del ineficiente sistema de impartición de justicia, algo que debieron intentar resolver, antes de la fuerza bruta letal.