Señalaron a un trabajador de la CEAVO como agresor sexual

Por Selene Sosa

Abogadas activistas encabezadas por María Félix Pozos Palafox, denunciaron ante medios de comunicación, supuestos actos de corrupción cometidos por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en ‘encubrir’ a un trabajador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos (CEAVO).

Las quejosas expusieron que el pasado 23 de agosto de 2022 se inició una carpeta de investigación contra el padre de una menor de edad por el delito de abuso sexual, no obstante, ni la víctima directa ni su madre han recibido medidas de prevención, dijeron.

La abogada activista externó que ante la falta de acción por parte de la dependencia a cargo de Ernestina Carro Roldán, solicitaron apoyo del Poder Legislativo, siendo el Diputado Local, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, el único que les brindó atención.

Él buscó facilitarles una reunión personal con Carro Roldán, a quienes las quejosas reconocieron tener buena voluntad ‘pero su personal no la obedece’, lo que ha provocado que ‘Juanita N.’, nombre falso para la madre de la víctima, indicado por la abogada a fin de proteger su identidad, no ha tenido justicia.

En este sentido, Pozos Palafox sentenció que el supuesto agresor sexual podría incurrir en el feminicidio de ‘Juanita N.’ quien ha tenido que mudarse de domicilio y cambiar a la víctima, de 7 años de edad, de escuela por temas de seguridad, incluso, sin que cuenten con algún tipo de protección.

Por lo anteriormente expuesto, ‘Juanita N.’ hizo un llamado a la responsable de la PGJE y a la Jefa del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros a intervenir en dicho caso de ‘injusticia’ ya que, derivado de la ‘protección’ al aparente victimario, ni siquiera se ha llevado a cabo la primera audiencia.

María Félix Pozos exhortó al Congreso del Estado a instar a Ernestina Carro a comparecer y a la primera mandataria a la destitución de la procuradora y a la reestructuración y saneamiento del personal de los Ministerios Públicos.

Ya que, recalcó, ‘el peor enemigo de una mujer víctima de violencia es el Ministerio Público’, toda vez que, la activista denunció que no existen protocolos adecuados de atención, lo que ha dado como resultado que el caso expuesto no sea el único con dichas características de corrupción, influyentes y obstrucción para el acceso a la justicia.