Por Edgardo Cabrera

Es tal la desesperación e incompetencia de quien está a cargo de la comunicación social de la Triste Historia que, además de mimetizar el look de su jefa, intensificó su política de golpear a los funcionarios estatales con tal de salvar su pellejo tras los yerros que le costaron al erario millones de pesos, y el ridículo a la mandamás en su primer informe.

Lo ocurrido en diciembre no es caso cerrado, fue el último gran negocio del año que habría costado millón y medio, pagados a quien conocen como “el tío” de la funcionaria, por un tinglado que incluyó pantallas inservibles, bofos videos, campaña en redes con bots de Veracruz y el Estado de México, pero, además, el desaire de gobernadores, así como de la plana mayor de Morena que nunca fueron invitados a tiempo por la dizque “experta” en organización.

Para salvar el hueso elevó el tono de sus artimañas bien conocidas contra otros miembros del gabinete, esas del uso de información manipulada que filtra y que difunde en contubernio con el desprestigiado panfleto oficialista que lo mismo ocupan para ventilar chismes del corazón, lanzar calumnias, colocar motes, difundir medias verdades o simplemente mentar madres, porque tanto la funcionaria como su lazarillo enfrentan problemas legales, de pareja, emocionales y mentales que tratan de esconder viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

Pero más allá de sus complejos personales, existenciales y sus calumnias, en el fondo, en el terreno de lo serio, existe un inexplicable enriquecimiento que no puede ocultar y que tendría que colocarse en lo ilícito, o ¿cómo explicar una mansión en una zona fifí en Puebla pagada en solo un año?, por cierto, en su declaración patrimonial del 2022 dijo no tener nada, ni coche, casa, cuentas bancarias, bienes, bueno, ni perro que le ladre, ¿usted le cree? 

Ahí no acaba el asunto, la procuradora Carro también debe rendir cuentas por la filtración de expedientes para exponer a los que considera sus “adversarios” en el gabinete, pero también fuera de él, viola la secrecía de las investigaciones, los datos personales de probables víctimas, exponen a menores de edad y demás implicados, dichos documentos se derivan de acusaciones que deben aún ser probadas, no son asuntos resueltos.

De ello, a estas alturas, hay testimonios de cómo desde la oficina de prensa de la Triste Historia se han exigido la entrega de expedientes judiciales a la procuraduría, y los mismos han sido proporcionados, constituyendo actos de corrupción, no son simples juegos de poder al interior del gabinete, son delitos. El pleito interno incluso alcanza al Tribunal Superior de Justicia por la participación de juzgadores en esta trama política y personal, pero también sentimental. 

Y una de dos, la “jefa” no lo ve, o de plano no lo quiere ver.

DÍA DOS

En eso de la pésima comunicación institucional, en el día 2 del secretario de Seguridad Ciudadana, evidenciaron la improvisación con la que actúan, por lo que aquello de su mega plan estratégico simplemente fue un embuste más.

El comunicado 020, fechado el 17 de enero, da a conocer que “producto de UNA denuncia ciudadana” Ramón Celaya Gamboa “giró instrucciones para aplicar patrullajes disuasivos para combatir el robo en todas sus modalidades” en Apizaco, Tlaxcala y Calpulalpan, ¿y el plan?

Ojalá el señor secretario tome en cuenta miles de denuncias, tanto formales como “ciudadanas” por el creciente hallazgo de cuerpos sin vida, asesinatos, sustracción de cajeros bancarios y actos terroristas, como el explosivo en la sucursal de Apizaco del Banco del Bienestar.