Por Fernando Tamayo

Uno de los pilares fundamentales que determinaron el triunfo de la Cuarta Transformación en el país en el 2018 y sus posteriores victorias en las Entidades Federativas, como el caso de Tlaxcala, fue el hartazgo provocado por la serie de excesos realizados por los anteriores gobiernos.

La corrupción es el mayor problema de este país que trae consigo impunidad, delincuencia, violencia y carencia de un Estado de Derecho capaz de generar los elementos primordiales para que todo ciudadano no se sienta violentado por el poder.

Así, la 4T se esgrimió como un movimiento tendiente a recuperar los valores cívicos mínimos y las conductas esenciales de todo servidor público que tiene como objetivo principal el de privilegiar el interés colectivo por el propio.

Lo anterior viene a cuento por qué las peculiaridades respecto de las cuales se constituyó el contrato de arrendamiento del Hotel Posada San Francisco y que este medio evidenció requiere más de una explicación.

Las suspicacias son evidentes y dejan entre ver los privilegios que pueden otorgarse a ciertos empresarios en medio de una pandemia donde los sectores económicos demandan apoyos y subsidios para seguir paleando la crisis producto del Covid-19.

Esperemos que pronto, por el bien de este Gobierno se aclare cuáles fueron las circunstancias que motivaron la generación de un contrato tan “bondadoso” a favor de una empresa cuyos antecedentes generan más dudas que confianza.

El combate a la corrupción debe ser un elemento primordial de todo gobierno, máxime cuando constituye una de las exigencias más importantes de la población en México. Al tiempo.

Desde la barrera

Los contagios producto de la llamada quinta ola de la pandemia requieren de nueva cuenta que se activen los protocolos sanitarios más estrictos en la Entidad. Mientras los enfermos sigan incrementándose y las medidas de prevención sean cada vez ma flexibles seguiremos padeciendo esta crisis de salud que tanto daño ha provocado.

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