Por Edgardo Cabrera

Desde el jueves el ex presidente de Xicohtzinco, José Isabel Badillo Jaramillo fue denunciado formalmente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como peculado. El daño a la hacienda pública municipal supera los 5 millones de pesos.

Junto con él, en la querella aparece el actual alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez, quien fungió como director de obras públicas en la anterior administración; y Zenón Aarón Hernández Corte, ex tesorero.

Fue la Coordinación Nacional de la Sociedad Civil (Conaso) que encabeza Domingo Meneses quien reunió pruebas y formalizó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

De manera específica, los tres ex funcionarios son señalados de no aplicar alrededor de 5 millones de pesos en tres obras, para lo cual acompañaron la denuncia con videos, testimonios, documentos, decretos impresos, fotografías, y montos exactos de las obras, con lo cual la organización social confía en que se vincule a proceso a los señalados. 

A lo anterior se suma otra investigación que realiza la Conaso para aportar elementos del presunto desvío de recursos provenientes del denominado Fondo de Resarcimiento a las Finanzas Públicas Municipales que etiquetó la anterior legislatura a Xicohtzinco, dinero que presumen se destinó a campañas políticas.

Del ex alcalde se ignora su paradero, recordemos que además es acusado de intento de homicidio en contra de uno de sus parientes, lo que derivó en protestas violentas el paso 6 de octubre, a ese señalamiento ahora se le suma el relativo a actos de corrupción.

Pero quien no tiene ni para dónde moverse es el actual presidente municipal Luis Ángel Barroso, y en el supuesto de que prospere el caso tendría obligadamente que separarse del cargo de manera temporal para no utilizar recursos públicos en su defensa, y así aclarar su participación en la acusación del desvío de esos 5 millones de pesos en tres obras.

POSTURA

A colación, uno de los señalados en la denuncia de la Conaso, Luis Ángel Barroso Ramírez nos aseguró que la denuncia en su contra carece de argumentos.

Explica que dos de las tres obras sí se realizaron, solo que se adecuaron a las necesidades de la población y por consiguiente cambiaron el nombre de las acciones a ejecutar, todo ello ante la aprobación del cabildo. La tercera se detuvo a consecuencia de la inestabilidad que vive la comuna.

La primera se trata de una obra que se realizaría en el Parque Lineal Reforma, la cual se sustituyó por la construcción de la mampostería en la barranca de dicha zona; la segunda era edificar una techumbre en la escuela secundaria general Raúl Isidro Burgos, la cual a petición del director, se cambio por una cancha de usos múltiples y, la tercera, era pavimentar y adoquinar la calle Cedros, la cual quedó inconclusa, aunque el contratista está listo para ejecutarla en cuanto allá condiciones de seguridad.  De todas ellas ofrecen testimonio de gente beneficiada y que servirá para responder ante la autoridad de que no hay ningún daño al erario, y eso, precisamente, lo tendrá que resolver al final de cuentas un juez. 

Y a todo esto, ¿qué dirá el exalcalde?, el gran ausente en todo este problema.

EL PALADÍN

El fiscal anticorrupción Domingo Tamalatzi Rodríguez, el mismo que presume que “ahora sí” hay vinculaciones a proceso, tiene en sus manos varias denuncias promovidas por la Conaso en contra de ex servidores públicos y funcionarios en ejercicio con las que veremos si realmente es una Nueva Historia, o pan con lo mismo.

Y es que no es igual llegar como paladín de la justicia y presumir inmediatamente 16 vinculaciones a proceso de casos del pasado, de los que dejaron la chamba hecha, que ponerse a trabajar en lo nuevo donde se incluye una denuncia contra los diputados integrantes de la pasada legislatura y otra contra la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Maldonado.

En el catálogo de delitos por corrupción se encuentran: intimidación, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, concusión, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como coalición de servidores públicos, la mayoría les encuadra a los ex diputados de acuerdo con la denuncia 180/2020 promovida también por la Conaso, misma que permanece estática.

A esa hay que sumarle algunos otros casos en lo individual, como aquella promovida en contra de la ex diputada y hoy funcionaria estatal, Mayra Vázquez Velázquez por quien fuera alcalde de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez Morales, quien la culpó de pedirle “moche” a cambio de etiquetarle recursos extraordinarios; y otra que promovió la ex legisladora contra todo el ayuntamiento de Tecopilco, de lo cual tampoco se supo nada.