Por José Luis Ahuactzin

Una denuncia ciudadana contra la concesionaria de vehículos Hyundai Apizaco, evidenció que la empresa coreana, vendió vehículos nuevos y semi nuevos de forma irregular, pero que en la mayoría de casos eran de primera instancia considerados como robados, con número de motor alterado, entre otras causales, hasta que se deslindara de los hechos.

El particular que hizo la denuncia, pidió a Gentetlx el anonimato para evitar represalias, ya que presentó documentos en los que demostró cómo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tuvo que intervenir para esclarecer la situación legal de uno de sus vehículos que adquirió a finales de julio de este año.

En entrevista, el denunciante explicó que él compró una camioneta semi nueva marca Peugeot, color blanco, modelo 2017, y a la hora de la entrega de la unidad, la empresa otorgó un permiso de circulación por 30 días para que el dueño realizara los trámites correspondientes para obtener sus placas metálicas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala (Secte).

Sin embargo, el 6 de agosto cuando se encontraba circulando por calles de la capital, ya que era utilizada para trabajo de la empresa, esta causó sospecha a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y fue revisado el número de motor, numero de motor en el chasis, así como el permiso de circulación vehicular.

Acto seguido, los elementos policiacos detectaron que dicho permiso de circulación presentaba probable alteración o en su caso una total falsificación de un documento oficial, por lo que solicitaron de forma inmediata la intervención de Secte para corroborar la veracidad del documento, y que minutos después arrojó la confirmación de la alteración.

Ante esa circunstancia, la unidad marca Peugeot quedó detenida y remitida al corralón ubicado en Totolac, por lo que al quedar en custodia en la SSC intervino el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para aclarar, primero, el título de propiedad original, la transacción de compraventa de la unidad y, segundo, quién expidió el documento denominado permiso de circulación ya que existía la probable comisión del delito de ‘falsificación y alteración de documentos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado’.

Un vez que el denunciante requirió a la empresa la intervención para aclarar la situación legal de la camioneta y el pago por uso del corralón y arrastre, Hyundai Apizaco se comprometió a liquidar de forma íntegra los gastos generados.
Sin embargo, la camioneta estuvo en el corralón por más de 30 días, arrojó un adeudo por poco más de 23 mil pesos y la empresa ya no respondió, solo desembolsó 7 mil pesos.

No obstante, el denunciante indagó por su cuenta y pudo descubrir que no fue el único caso en el que la SSC detuvo las unidades vehiculares, sino que en otros casos el chofer o dueño de los Hyundai fueron puestos a disposición del Ministerio Público por probable falsificación de documentos.