Por José Luis Ahuactzin 

Las diputadas federal y local del Partido Acción Nacional (PAN) Adriana Dávila Fernández y Leticia Hernández Pérez, respectivamente, dijeron que una reforma la Ley General de Salud de la bancada de Morena, desaparecerá el Seguro Popular que tenían la mayoría de mexicanos. 

En conferencia de prensa, se informó que este mismo jueves en la Cámara de Diputados podría aprobarse -con mayoría simple- un “atentado contra los mexicanos más desprotegidos”, ya que a la par se crearía un organismo alterno pero “no se hará cargo de las enfermedades del actual catálogo de enfermedades…”.

Por si fuera poco, también quitaría a las entidades federativas el patrimonio desde donde se realizaban las acciones del Seguro Popular y pasarían como activos del gobierno federal.

Por ello, alertaron al mandatario estatal Marco Mena “no caer en la trampa” al firmar el convenio posterior en materia de Salud con el gobierno federal, una vez aprobada y publicada la reforma en la materia ya que garantiza recursos económicos ni respaldo alguno para infraestructura creada.

No obstante, legisladores federales como Noemí Alemán, Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, también se sumó a la alerta sobre los riesgos que la cuarta transformación propone al retirar el servicio médico a millones de mexicanos.

De acuerdo con su cifras, en Tlaxcala al 2019, la afiliación era de 786 mil 202 personas o el 94.3 por ciento de la población total; mil 219 localidades, 146 mil 909 son del sector rural; y un abasto de medicamentos superior al 86 por ciento.

Respecto de las transferencias de presupuesto federal, en el 2013 fueron 808.7 millones de pesos transferidos a la entidad; para el 2014 fue por 905.4 millones de pesos, en el 2015 fue de 867.8 millones de pesos, en el 2016 fue por 803.2 millones de pesos, en el 2017 por 743.4 millones de pesos, y en el 2018 por 494.6 millones de pesos para el sector Salud.

El diputado federal, Éctor Ramírez Barba explicó que la intención de Morena es crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que no cubrirá las 66 enfermedades que hoy cubre el Seguro Popular; pretende centralizar los servicios para nombrar a un delegado estatal en funciones paralelas al titular del sector Salud estatal.