Por Edgardo Cabrera

Un presunto acto de corrupción estaría cometiendo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado, amén de que los diputados locales tendrían responsabilidad por consentir la malversación de recursos públicos.

Resulta que, en una más de las inconsistencias detectadas en el presupuesto de egresos 2019, fue autorizado devengar recursos públicos para pagar un sueldo mensual de 83 mil 822 pesos a cada uno de los cuatro consejeros del organismo que tienen el carácter de honoríficos.

Así quedó asentado en el tabulador de mandos medios y superiores que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, como parte del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de Tlaxcala.

Dicha cantidad que se les pagaría a dichos consejeros, es apenas 7 mil pesos inferior a lo que percibe el presidente de la CEDH, 90 mil 965.11 pesos, quien, por cierto, es el segundo titular de organismo autónomo que mejor gana en el estado.

Especialistas consultados en la materia, nos confirmaron que el sólo hecho de presupuestar un sueldo para consejeros honoríficos de la CEDH se considera un acto ilegal toda vez que el artículo 96 de la Constitución local, párrafo quinto, establece que dichos funcionarios no percibirán una retribución económica

“El titular de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura del Congreso, asistirá al titular un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, integrado por cuatro miembros, designados por mayoría de los diputados presentes”.

Y si bien en julio del año 2017, la entonces diputada del PAN, Dulce María Mastranzo Corona, planteó reformar la Constitución para quitar el cargo honorífico al Consejo Consultivo, la iniciativa fue mandada a la congeladora legislativa por lo que nunca se aprobó dicho planteamiento.

Pero aún más, en caso de que se realizaran esos cambios, tendrían que entrar en vigor hasta el año 2021 ya que los actuales fueron designados con la calidad de honoríficos.

Por tanto y en caso de que el pasado 15 de febrero los cuatro consejeros de la CEDH hayan cobrado su primera quincena, estaríamos ante un claro acto de desvío de recursos y corrupción.

PRESOS DE SUS MIEDOS

La mayoría que controla el poder político y económico en el Congreso del estado se encuentra presa de sus miedos para plantar cara a la ciudadanía que votó por ellos.

Resulta que por acuerdo del Comité de Administración, que preside el matador de reses Ortega, se ordenó colocar rejas (estilo prisión) en varias oficinas, entre ellas en la Junta de Coordinación y Concertación Política, así como en el acceso principal del salón de plenos.

El primer enrejado tuvo un cargo de 35 mil pesos para el erario y contrasta con la política del presidente López Obrador y de los propios levantadedos quienes han criticado el desvío de recursos para proteger a la clase gobernante.

Nos cuentan que seguirá la construcción de más barreras como está, e incluso “burladeros” en el salón de plenos en busca de cuidar la integridad de los asambleístas que ya batieron los récords de protestas.

No cabe duda que el sello de un matador con ambiciones políticas está presente en el Congreso que cada vez parece más plaza de toros que la casa del pueblo.