Por José Luis Ahuactzin

Tras el desconocimiento de Yordana Garay Loredo como coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, la coordinación estatal del partido político, amagó a los diputados Michaelle Brito Vázquez, Víctor Castro López, y María Félix Pluma Flores, con expulsarlos, como una sanción máxima.

A través de sendos documentos remitidos al Congreso local, el PT explicó que los artículos 114 y 115 de sus estatutos exponen sanciones por acciones u omisiones de sus militantes, a tal grado que podrían ser expulsados.

Lo anterior derivado de que el jueves 11 de este mes, en sesión pública del poder Legislativo, los diputados locales realizaron un extrañamiento a su coordinadora de bancada Yordana Garay Loredo, y la desconocieron; por lo que de inmediato se nombró a María Félix Pluma, como la nueva coordinadora de bancada.

En esa sesión legislativa, los tres diputados del PT recriminaron a la coordinadora de la bancada que, junto con el diputado de Morena Víctor Castro López, realizaron acuerdos internos y que nunca fueron tomados en cuenta; es más, adujeron que Yordana Garay aceptó acuerdos con el titular del poder Ejecutivo, a través de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

Sin embargo, el documento remitido al Congreso de Tlaxcala, detalla que en su artículo 114, al menos 5 causales motivo de sanción: por incumplimiento de acuerdos tomados en las instancias del partido político, exponer y dirimir conflictos intrapartidarios en medios de comunicación u órganos del estado que no sean competentes, promover acciones de divisionismo, los representantes populares o servidores públicos no coticen –paguen sus cuotas- será motivo de no proponerlos a nuevos cargos populares, y por calumniar, denigrar, injuriar o difamar a la militancia sin fundamento, causa o motivo justificado.

En tanto que su artículo 115, expone que, por violentar el artículo anterior, son 6 tipos de sanción, dependiendo de la gravedad y para su individualización son la advertencia formal, revocación de mandato de cargos partidarios, separación y suspensión temporal de sus derechos, expulsión definitiva y acción judicial que corresponda, inhabilitación para ser postulado a cargos de elección popular o partidarios, y pérdida del derecho a ser electo como integrante de los órganos directivos.