Aun seguimos en espera del 3de3 de los funcionarios del primer nivel del gobierno estatal, a 11 días de que termine marzo veremos si cumplen o se concreta la advertencia de ser despedidos por opacos. Con poco más de 2 meses y medio del nuevo gobierno, al borde de la quiebra financiera se encuentra Chiautempan

Por Edgardo Cabrera

La cuenta regresiva no se detiene y aun seguimos en espera de las declaraciones 3de3 de los funcionarios del primer nivel del gobierno estatal.

Hasta ayer en el portal del IMCO solamente aparecía la información del gabinete de 10 entidades: Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y Quintana Roo, cuyos gobiernos provienen del PAN; Jalisco, Estado de México, Zacatecas y Sonora, de extracción priísta; la Ciudad de México del PRD y Nuevo León donde el gobernador es independiente.

Para el caso de Tlaxcala, desde enero sólo se puede consultar la información del gobernador Marco Mena, de las 3 senadoras por Tlaxcala, de los diputados federales Rosalinda Muñoz y Ricardo García, así como de Anabel Alvarado quien goza de una licencia al cargo; de los 25 legisladores locales sigue apareciendo nada más Mariano González Aguirre.

Es triste ver, además, que ningún alcalde está interesado en subir su 3de3, tampoco hay cabildos transparentes, menos organismos autónomos (como el IAIP) o personajes de interés público (como los magistrados), ni presidentes de partido.

Y aunque algunos ediles han tratado de confundirnos con la entrega de su situación patrimonial ante el OFS, en los hechos eso no le sirve al ciudadano porque dicha información no es pública, la verdadera prueba de fuego es entregar sus declaraciones patrimonial, de no conflicto de interés y fiscal al IMCO para subirla a la plataforma 3de3.

A 11 días de que termine marzo veremos si los funcionarios de Marco Mena son los primeros en cumplir o se concreta la advertencia de ser despedidos por opacos.

Embargo

En Chiautempan queda claro que no es lo mismo administrar una carnicería que todo un ayuntamiento.

Con poco más de 2 meses y medio del nuevo gobierno, al borde de la quiebra financiera se encuentra la comuna por la inadecuada defensa de laudos laborales.

Dos ex trabajadores que ganaron un litigio demandan 3 millones de pesos y la autoridad está a un paso de embargar las cuentas bancarias de la alcaldía.

En puerta existen otras 153 querellas que se estima suman 70 millones de pesos en el pago de salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones.

A las anteriores, hay que sumarle otros 34 trabajadores que fueron despedidos a la llegada de Domínguez por lo que la deuda seguirá creciendo.

Cierto, en su defensa Héctor Domínguez podrá decir que los laudos se los heredaron, pero también es verdad que en privado y público desde campaña existió un pacto con su antecesor, Antonio Mendoza, por lo que no se puede decir extrañado de la situación financiera que guarda la comuna.

Desde enero el político en ciernes es responsable de la conducción del municipio, dar soluciones y atender los problemas, no de buscar pretextos o generar más conflictos.

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