Por José Luis Ahuactzin

A tan solo un mes de haber asumido funciones como presidentes municipales, el de Tenancingo, Daniel Martínez Serrano y de Hueyotlipan, Mauro León Garfias, enfrentan conflictos municipales debido a, probable incumplimiento de promesas de campaña y de marginación presupuestal a comunidades.

En Tenancingo,  un grupo de personas acusan al edil que mantiene laborando a personas ligadas a otras administraciones municipales, cuando en su campaña política prometió una renovación total de en el personal a contratar.

Bajo el incumplimiento, señalan que el actual edil mantiene a funcionarios como al secretario del ayuntamiento,  al asesor jurídico, encargado de la lechería, el chofe del camión de la basura, encargado del control de adultos mayores,  el juez del registro civil, el juez local y el agente del ministerio público auxiliar.

“Pedimos de cumplimiento lo prometido en campaña por usted, así también como lo manifiesta e su consigna Desarrollo para Todos y de su viva voz con algunos grupos de personas en donde manifestaba que usted realizaría u cambio al llegar a la presidencia de este municipio…”.

En tanto que en Hueyotlipan, nueve presidentes de las comunidades de López Materos, San Lorenzo Techalote, San Damián Recoba, Santiago Tlalpan, San Antonio Techalote, Ignacio Zaragoza, El Carmen, San Manuel Tlalpan, Coaximala, formaron un frente con el alcalde por negarse a otorga un presupuesto.

A aves de un documento girado al Congreso local, los presidentes de comunidad, advirtieron que si el edil mantiene una postura de marginación a los presidentes de comunidad, por negar un presupuesto y reconocimiento en las sesiones de cabildos, tomarán nuevas medidas.

Explicaron que el edil constantemente ha tomado una actitud de prepotencia, “ironía, risas” contra los presidentes de comunidad ya que “manifiesta que los presidentes de comunidad no recibirán la remuneración económica que por derecho nos corresponde…”.

Sin embargo, denunciaron excesos del edil y regidores ya que incrementaron al 90 por ciento el impuesto por cobro en predial, es decir aumentó en 292.16 pesos, pero por inconformidad social regresó al cobro sin incrementos.

Que el permiso para cerrar las calles cuesta 250 pesos y es condicionado para brindar seguridad y protección civil, ejemplificaron.

Ambos asuntos han sido turnados a la comisión de asuntos municipales del Congreso local para su solución.