Parece que Sánchez Anaya se quedará vestido y alborotado con los foros que organizó para conocer “en privado” las propuestas de los candidateables. Quienes están por entrar en una polémica innecesaria son los priístas Anabell y Enrique. Todo indica que el adeudo al que alude la UAT no tiene sustento alguno

Por Edgardo Cabrera

Parece que Alfonso Sánchez Anaya se quedará vestido y alborotado con los foros que organizó para conocer “en privado” las propuestas de los aspirantes a la gubernatura.

La perredista Lorena Cuéllar Cisneros fue la primera en confirmar su participación en el ejercicio organizado por el ex gobernador, pero también sería la primera en dejarlo plantado.

Sabemos que a la senadora con licencia no le cayó muy bien que Maricarmen Ramírez de Sánchez Anaya fuera a formarse a las filas de Movimiento Ciudadano y respaldara las aspiraciones gubernamentales de Edilberto Algredo.

Mientras que la panista Adriana Dávila no había confirmado su participación desde un principio, aunque nos aclaran que siempre sí fue; en tanto que no fueron invitados: la Morena Martha Palafox y el del PAC Serafín Ortiz.

El ex mandatario tiene sólo de 2 sopas para escoger a quién le dará el apoyo de su grupo para la gubernatura: Marco Mena o Algredo Jaramillo; y como desde hace mucho el añoso político no le hace caso a su esposa en sus aventuras políticas, su brújula sigue apuntando al primero.

Disputa comunal

Quienes están por entrar en una polémica innecesaria son los priístas Anabell Ávalos y Enrique Padilla.

Nos enteramos que Juan Padilla, hermano de Enrique, tiene amarrada la candidatura a la presidencia de comunidad de Tizatlán por el PRI, cargo que también planea disputar el empresario Alejandro Sarmiento, ex pareja de Ávalos.

El allegado a la virtual candidata a la alcaldía capitalina buscaría por segunda ocasión encabezar el gobierno de comunidad, mientras que el pariente del inminente abanderado a una diputación por el PRI espera capitalizar la campaña del distrito VII.

Lo anterior, sin lugar a dudas, les pegará ante el electorado.

Sin sustento

Durante la gestión de Víctor Job Paredes, y ahora en la del rector Rubén Reyes, la UAT solicitó al Gobierno del Estado una aportación de 20 por ciento adicional a las asignaciones que el gobierno federal hace anualmente a la institución educativa, de ahí que ahora argumente que, desde el año 2011 se le adeuden alrededor de 140 millones de pesos.

El señalamiento pretenden sustentarlo con un convenio que fue signado por el entonces gobernador Ortiz, mediante el cual la SEP y el Gobierno del Estado proporcionarían a la UAT un “subsidio”.

El último acuerdo de este tipo se signó el 10 de enero de 2011 cuando, por cierto, el rector universitario era su hermano Serafín, y tuvo efectos para el ejercicio fiscal de aquel año.

Ya con el nuevo gobierno, el 9 de enero de 2012, se signó otro convenio en el que la aportación cambió a 16.39% por parte del Ejecutivo estatal.

En la página de transparencia de la UAT no hay registro de convenios posteriores de este tipo, ni tampoco se identifica en su lista de “Convenios generales vigentes” signados por la institución.

En resumen, tal adeudo al que aluden no tiene sustento alguno.

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