Aquellos animales que están adiestrados y certificados

Por Selene Sosa

Un tema central en la agenda de la LXV Legislatura es procurar la igualdad para todas y todos, por ello, la Diputada del PRI, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, propuso garantizar el acceso de perros de asistencia a Personas con Discapacidad (PcD) a lugares públicos y privados.

La Representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que su proyecto no pretende que en todos los lugares se permita el acceso a todos los animales, sino que no se restrinja a aquellos que han sido adiestrados para realizar diversas acciones encaminadas a facilitar la vida de sus propietarios, PcD.

‘Un perro de asistencia constituye un apoyo funcional, vinculado directamente con las necesidades de una Persona con Discapacidad, por lo tanto, se debe diferenciar de los animales de compañía, lo anterior es necesario para evitar que los animales queden sujetos a las mismas reglas’.

Con base en ello, Aguilar Vega puntualizó que su iniciativa plantea garantizar el acceso de los perros de asistencia como una medida concreta de accesibilidad, ‘no de un privilegio’, sino de acciones encaminadas a eliminar una de tantas barreras que persisten para las PcD.

‘Cuando una Persona con Discapacidad requiere de un perro de asistencia para realizar determinadas actividades, separar a ambos puede significar limitar de manera directa su autonomía y su participación social’, puntualizó.

En ese sentido, continuó la priísta, si bien el marco normativo local y federal ya contemplan el bienestar animal y el trato especializado a perros de asistencia, es preciso, dijo, reforzar tales disposiciones para que la regulación sea más clara, integral y funcional.

Y es que, reconoció, hay lugares que por su propia naturaleza, condiciones particulares, por razones de bioseguridad y otras, el acceso deberá tener restricciones específicas, mismas que deberán estar sustentadas en criterios técnicos y aplicadas de manera proporcional.

Por tanto, remarcó, ‘la regulación debe buscar un equilibrio entre el derecho a la accesibilidad, la inclusión y la autonomía de las Personas con Discapacidad y las condiciones de seguridad, higiene y protección que correspondan a determinados establecimientos’.