28 de julio - 2026

Tras la muerte de una adolescente en un curso de verano en Tamaulipas.
Por Stephany Rodríguez
La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal advirtió que la denominada educación militarizada no cuenta con reconocimiento dentro del marco de la legislación educativa mexicana y anunció una revisión de los planteles que ofrecen este tipo de formación, luego del fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata durante un curso de verano en una academia de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Durante la conferencia matutina, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que ni la dependencia federal ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han autorizado que instituciones de educación básica impartan formación militar, por lo que deberán revisarse los permisos y condiciones bajo las cuales operan estos centros educativos.
El funcionario federal explicó que, tras el caso registrado en Tamaulipas, se solicitó a las autoridades educativas estatales verificar la situación de los planteles que ofrecen esquemas con características militarizadas, con el propósito de garantizar que cumplan con la normatividad vigente y que no existan actividades que representen riesgos para niñas, niños y adolescentes.
Delgado informó que en Tamaulipas fueron detectadas cinco escuelas con este tipo de modelo, cuyos permisos serán analizados. Reiteró que la educación militar corresponde únicamente a instituciones facultadas para ello, mientras que los planteles de educación básica deben apegarse a los principios establecidos en la Constitución y la Ley General de Educación.
En Tlaxcala, tres instituciones operan bajo esquemas de formación militarizada
En Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) informó que mantiene identificadas tres instituciones particulares que cuentan con modelos educativos que incorporan elementos de disciplina y formación militarizada.
El director de Educación Básica, Sergio Enrique Reséndiz Flores, señaló que estos planteles se encuentran registrados ante la autoridad educativa estatal y abarcan distintos niveles, principalmente secundaria, educación media superior y algunas modalidades técnicas y profesionales.
Entre las instituciones identificadas se encuentra el Colegio Militarizado Legión de Honor Campus Tlaxcala, ubicado en Acxotla del Río, municipio de Totolac, que ofrece servicios educativos de secundaria y bachillerato.
Asimismo, se encuentra el Instituto Metropolitano Militarizado (IMMI), perteneciente al complejo de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), con oferta educativa de nivel medio superior en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.
La autoridad educativa estatal precisó que mantiene comunicación y supervisión con estos planteles para verificar que sus reglamentos internos, actividades académicas y prácticas de disciplina se desarrollen conforme a la legislación educativa, además de garantizar el respeto a los derechos de la comunidad estudiantil.
Sin reportes de novatadas o agresiones en planteles identificados
Ante la revisión anunciada por la SEP federal, la SEPE informó que hasta el momento no cuenta con denuncias, reportes o señalamientos formales relacionados con novatadas, actos de violencia o prácticas que pongan en riesgo la integridad física o emocional de estudiantes en las instituciones identificadas en Tlaxcala.
Reséndiz Flores indicó que la autoridad educativa mantiene acciones de seguimiento en coordinación con áreas especializadas, como la Unidad de Equidad de Género y Cultura para la Paz, con el objetivo de prevenir cualquier conducta que pueda afectar la convivencia escolar.
La dependencia estatal reiteró que cualquier actividad de disciplina o formación debe realizarse dentro de los límites establecidos por la normativa educativa y sin recurrir a prácticas que vulneren la seguridad del alumnado.
Mientras la SEP federal mantiene una revisión nacional sobre los planteles que se promocionan como escuelas militarizadas, en Tlaxcala la autoridad educativa reporta tres instituciones bajo este esquema y asegura mantener vigilancia sobre su operación, sin que hasta ahora existan denuncias formales por prácticas consideradas de riesgo para estudiantes.

