Durante más de dos décadas, los casos fueron atendidos sin una instancia especializada, sin protocolos definidos y sin un registro unificado de víctimas.

Por Stephany Rodríguez

Tlaxcala formalizó la creación de la Procuraduría de Protección de Personas Adultas Mayores, una institución que surge 24 años después de que México estableciera el marco legal federal para la protección de este sector de la población.

La nueva instancia quedó formalmente integrada durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Atención a Personas Adultas Mayores, donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta a Griselda Elizabeth Corona Loaiza como titular del organismo especializado.

La creación de esta Procuraduría ocurre luego de más de dos décadas en las que Tlaxcala operó únicamente mediante apoyos asistenciales y atención social a través del DIF estatal y los sistemas municipales, pero sin una institución jurídica especializada para la defensa, representación y acompañamiento legal de personas adultas mayores.

El antecedente federal data del 25 de junio de 2002, cuando se publicó en México la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, normativa que estableció las bases institucionales que las entidades debían adoptar para garantizar protección integral a este grupo vulnerable.

Sin embargo, en Tlaxcala la estructura especializada no se concretó sino hasta el 9 de diciembre de 2025, fecha en que el Congreso local aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado y ordenó jurídicamente la creación de la Procuraduría.

La dependencia comenzó a estructurarse en marzo de 2026 y su integración formal concluyó en mayo de este año con la instalación oficial del Comité de Atención, convirtiendo a Tlaxcala en la novena entidad del país en contar con una Procuraduría especializada en adultos mayores.

Antes de esta reforma, las denuncias y reportes relacionados con violencia, abandono o despojo patrimonial eran atendidos de forma dispersa entre el DIF estatal, los DIF municipales, hospitales y la Fiscalía, sin protocolos homologados ni un registro estatal consolidado de víctimas.

Aunque las autoridades reconocieron que no existen cifras exactas sobre cuántas personas adultas mayores fueron agredidas durante esos años, diagnósticos oficiales del Banco Estatal de Información sobre Violencia estimaron que alrededor del 40 por ciento de este sector sufrió algún tipo de maltrato antes de la consolidación del nuevo organismo.

Los registros oficiales identificaron principalmente violencia psicológica, económica y patrimonial, relacionada con despojo de viviendas, control de pensiones y abandono familiar. También se documentaron casos de violencia física y sexual.

De acuerdo con reportes institucionales previos a la reforma, gran parte de las agresiones eran cometidas por familiares directos, mientras que la dependencia económica, el miedo a represalias y la falta de orientación impedían que numerosos casos llegaran formalmente ante las autoridades ministeriales.

La directora del Sistema Estatal DIF, Flor de María López Hinojosa, señaló que anteriormente muchos expedientes únicamente quedaban registrados como atención social, sin capacidad jurídica para iniciar procedimientos de protección o investigaciones.

Con la nueva Procuraduría y la creación de 60 unidades municipales de atención, el gobierno estatal busca centralizar reportes, brindar acompañamiento legal y establecer mecanismos de protección para personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.