Encabezadas por la activista Yeny Charrez, víctimas y defensoras exigieron avances reales en investigaciones de feminicidio, desaparición, abuso sexual y presunta tortura en el estado.

Por Stephany Rodríguez

Un grupo de activistas, abogadas y víctimas del delito se manifestó este miércoles frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para denunciar presuntas irregularidades, corrupción y omisiones en la integración y seguimiento de carpetas de investigación en distintos casos ocurridos en la entidad.

La protesta fue encabezada por la activista y abogada tlaxcalteca Yeny Charrez Carlos, reconocida por su trabajo en la defensa de mujeres víctimas de violencia, feminicidio y trata de personas, quien aseguró que en Tlaxcala “la justicia se ha vuelto selectiva”.

Durante el posicionamiento público, las activistas colocaron cartulinas con números de carpetas de investigación y nombres de casos que, señalaron, permanecen sin avances desde hace años, algunos desde 2017. Las denunciantes acusaron que únicamente los casos de personas con recursos económicos o vínculos políticos logran judicializarse rápidamente, mientras que las víctimas sin asesoría jurídica privada enfrentan retrasos y abandono institucional.

Las manifestantes afirmaron que existen carpetas de investigación “fabricadas”, así como presuntas redes de corrupción dentro de ministerios públicos, policías de investigación y peritos. También denunciaron que familiares de víctimas han tenido que asumir labores que corresponderían a la Fiscalía, como localizar pruebas, conseguir videos o impulsar actos de búsqueda.

Entre los casos expuestos se mencionó el de dos jóvenes identificados como Carlos Manuel y Carlos Gabriel, cuya orden de aprehensión, aseguraron, tardó meses en ejecutarse. Asimismo, denunciaron irregularidades en investigaciones relacionadas con desapariciones, violencia familiar, abuso sexual contra menores, feminicidio y presuntos actos de tortura dentro del sistema penitenciario.

Las activistas también señalaron que existen víctimas cuyos expedientes no pueden ser consultados por falta de personal o porque, presuntamente, las carpetas “desaparecen” dentro de la propia Fiscalía. De igual manera, acusaron que algunos funcionarios condicionan la agilización de procesos a cambio de dinero.

Durante la protesta, una madre identificada como Marisol Díaz denunció que su hijo permanece desde hace diez años en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala por un delito que asegura no cometió. La mujer afirmó que existen dictámenes basados en el Protocolo de Estambul que acreditan presunta tortura, pero que las investigaciones no han avanzado.

Otro de los casos expuestos fue el de una mujer identificada como María, cuya muerte fue clasificada inicialmente como homicidio y no como feminicidio, pese a que, según las activistas, existían indicios de violencia extrema.

Las defensoras también denunciaron omisiones en investigaciones de accidentes viales, violencia contra mujeres y ataques relacionados con medidas de protección. Incluso señalaron que algunas víctimas han recibido amenazas por exigir justicia o visibilizar sus casos.

Al finalizar el acto, una comisión de víctimas y activistas ingresó a las instalaciones de la Fiscalía para solicitar una audiencia directa con la titular de la institución y exigir respuestas sobre las carpetas de investigación señaladas.

“Estamos cansadas de hacer el trabajo de la Fiscalía”, expresaron las manifestantes, quienes insistieron en que continuarán acompañando a las víctimas y presionando públicamente para que los casos avancen.