La LXV Legislatura intentó descalificar las impugnaciones de la CNDH

Por Selene Sosa

Por cuarta ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un nuevo revés a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala por arbitrariedades en las Leyes de Ingresos 2026 avaladas de los municipios de Hueyotlipan, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco, Panotla, Santa Cruz Quilehtla y Terrenate.

En Sesión, La Corte resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 125/2025 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), proyecto impulsado por la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, en el que se determinó invalidar diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos Municipales y se exhibió al Congreso Local.

La sentencia no sólo representa una corrección técnica a diversas Leyes de Ingresos Municipales de Tlaxcala, sino que deja en evidencia el problema estructural que existe en la manera en que los Ayuntamientos, con el aval del Congreso Estatal, diseñan sus esquemas de cobro puesto que se caracterizan por violaciones a derechos y arbitrariedades.

Ejemplo de ello es que, de nueva cuenta, se invalidaron los Artículos de las Leyes de Ingresos Municipales en los que las administraciones hacían cobros desproporcionados a sus contribuyentes por la asignación de nomenclatura oficial bajo el criterio del uso que se le daría al inmueble.

Otra de las irregularidades detectadas recae en el Gobierno Municipal de Panotla, de Ildefonso Carro Roldán, hermano de la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJET), Ernestina, quien clasificó a los usuarios comerciales del agua como “pequeños”, “medianos” y “grandes” y, con base en ello, cobraba el servicio.

Pese a la evidencia, el Poder Legislativo de Tlaxcala intentó defender la aprobación de las normas pretextando que la variación en los cobros se debía a que, para los Ayuntamientos los costos de verificación entre un comercio y una casa habitación eran distintos.

Al tiempo, el Congreso Estatal pretendía descalificar el recurso de la CNDH alegando que no era de su competencia impugnar normas tributarias, no obstante, la SCJN sentenció que los derechos humanos también pueden verse afectados por normas fiscales desproporcionadas o ambiguas, como en el caso de las leyes materia de la Acción de Inconstitucionalidad.