Tras acusaciones por desaparición forzada, abuso de autoridad y lesiones ante la FGR, autoridades estatales aseguran que no han presentado denuncias y reiteran apertura para acuerdos.

Por Stephany Rodríguez

Campesinos del municipio de Nanacamilpa formalizaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad y lesiones, derivados del operativo de seguridad ocurrido en días recientes en Tlaxcala. Sin embargo, el Gobierno del Estado subrayó que mantiene su postura de no criminalizar a los manifestantes y privilegiar el diálogo.

Durante el diálogo con medios, el coordinador de Comunicación , Antonio Martínez, aseguró que, hasta el momento, la administración estatal no ha interpuesto denuncias contra los campesinos, pese a los señalamientos surgidos tras los hechos.

“De nuestra parte, no se ha presentado nada”, sostuvo el funcionario, al tiempo que indicó que será la autoridad federal la encargada de determinar el curso de las investigaciones iniciadas por los denunciantes.

Martínez Velázquez enfatizó que la postura del gobierno estatal se mantiene en la ruta del entendimiento, al reiterar que desde antes y después del operativo se ha ofrecido a los inconformes abrir mesas de diálogo para atender sus demandas.

En ese sentido, adelantó que existe comunicación con representantes de los campesinos para concretar una reunión el próximo lunes, en la que participarían la gobernadora, integrantes del gabinete estatal y los propios manifestantes, con el objetivo de construir acuerdos.

Asimismo, señaló que este mismo día se contempla un encuentro a nivel federal con diversos actores involucrados en los bloqueos registrados el 6 y 7 de abril, incluidos transportistas y otros sectores.

Las declaraciones del funcionario surgen luego de que, acompañados por la abogada y activista Yeny Charrez Carlos, los campesinos informaran que ya existen carpetas de investigación en la FGR. En al menos una de ellas, se concentran tres víctimas, lo que la convierte en el caso más delicado hasta el momento.

De acuerdo con lo expuesto por los denunciantes, la propia FGR ha solicitado valoraciones médicas por lesiones como parte del proceso, mientras que una de las personas afectadas permanece hospitalizada. También advirtieron que entre las víctimas hay adultos mayores.

Los campesinos rechazaron la versión oficial que atribuye la violencia a los manifestantes y aseguraron que existen registros en video del uso de gas lacrimógeno y de la actuación de las fuerzas de seguridad durante el operativo.

Ante la falta de confianza en las autoridades estatales, optaron por acudir a la instancia federal y no solicitaron medidas de protección, al considerar que las corporaciones locales fueron responsables de las agresiones.

Pese a ello, el gobierno estatal reiteró su disposición para privilegiar el diálogo como vía de comunicación y atender el conflicto sin recurrir a acciones legales contra los inconformes.