Velasco dijo que el comité de la ONU incurrió en una ‘extralimitación’ al hacer una ‘redefinición del concepto de desaparición forzada’.

Fuente: EL FINANCIERO

El nuevo canciller de México, Roberto Velasco, se mostró dispuesto este miércoles a mantener la cooperación con un comité de Naciones Unidas que se refirió a la crisis de desaparecidos que enfrenta el país, pero acotó que se le exigirá una “calidad mayor” en su trabajo.

Pese a las tensiones que surgieron tras el reporte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) que puso en tela de juicio el manejo que México da a los casos de desapariciones, Velasco descartó un distanciamiento y afirmó, durante un acto en el Senado donde fue ratificado como canciller, que “vamos a seguir cooperando con este comité”.

¿Por qué el gobierno de México reclamó a la ONU por informe de desaparecidos?

Las fricciones surgieron luego de que el CED solicitó el 2 de abril remitir urgentemente la situación de México a la Asamblea General de la ONU para que considere medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.

Según el comité, existen “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”.

Al abundar sobre las críticas al informe, Velasco dijo que el comité incurrió en una “extralimitación” al hacer una “redefinición del concepto de desaparición forzada” y recurrir al Estatuto de Roma.

“No estamos negando los casos de desaparición”, sostuvo el canciller al defender la postura crítica del gobierno de Claudia Sheinbaum respecto al CED. Pero enfatizó que México seguirá exigiendo al Sistema de Naciones Unidas “una calidad mayor en su trabajo” y que tome en cuenta “los avances” de los últimos años.

Crisis de desaparecidos en México

México está sumido desde hace varios años en una compleja crisis de desaparecidos, que alcanzó el miércoles 133 mil casos.

El problema se profundizó a partir de 2006, cuando se inició una guerra frontal contra el crimen organizado, y las cifras han continuado al alza en los últimos años.

Respecto a la posición del gobierno mexicano, Juan Pablo Albán, presidente del CED, afirmó el lunes que las críticas “son comprensibles” en el marco del diálogo internacional y la cooperación, pero sostuvo que es “fundamental preservar el respeto institucional” hacia los órganos de supervisión de los derechos humanos y sus integrantes.

Albán planteó que el análisis de los casos de desaparecidos en México “no se limita a un periodo cerrado”, sino que “examina la evolución de la situación hasta la actualidad”, y como ejemplo de ello citó un párrafo del informe que reconoce que el “constante aumento” de los casos representa un indicio de la magnitud del fenómeno “sin que se vislumbre una tendencia inversa”.

Para hacer frente a la crisis de desaparecidos, Sheinbaum anunció el año pasado una serie de reformas para agilizar las búsquedas y presentó a finales de marzo una revisión del registro nacional de personas desaparecidas que fue criticada por organizaciones humanitarias locales, las cuales aseguraron que las debilidades en los registros revelan la enorme impunidad que existe en el país y consideraron que las nuevas clasificaciones no tienen fundamento legal.

La mandataria decidió impulsar los cambios tras la controversia que se desató en el país luego de que un colectivo denunció en marzo del 2025 el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir en el “Rancho Izaguirre”, ubicado en el municipio Teuchitlán, en Jalisco.

El predio era utilizado por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación como un centro de entrenamiento de sus integrantes.