Entre contradicciones aseguran que no hubo retenidos y que el operativo de desalojo por una amenaza de los manifestantes

Por Stephany Rodríguez

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, negó que elementos de la corporación hayan retenido o agredido a Emigdio Tabuada, padre e hijo, quienes un día antes denunciaron haber sido trasladados de manera violenta desde Nanacamilpa hasta la capital del estado, y ser víctimas de amenazas por parte de policías estatales.

En conferencia, el funcionario rechazó la apertura de una investigación sobre los señalamientos de golpes y amenazas, al sostener que “no hubo violación a derechos humanos” y que en ningún momento se les golpeó. Incluso, en tono sarcástico, refirió que “se les veía muy bien”, al desestimar las acusaciones.

Perea Marrufo afirmó que durante la intervención no hubo personas puestas a disposición del Ministerio Público, al argumentar que únicamente se entabló diálogo con los involucrados. En ese sentido, evitó profundizar sobre las razones por las cuales, de acuerdo con los denunciantes, fueron retenidos y posteriormente liberados sin un procedimiento formal.

Asimismo, aseguró que el operativo no respondió a una orden específica, sino a una “obligación del Estado” para restablecer el tránsito, ante afectaciones a terceros y a la actividad económica. Indicó que la actuación de la SSC se dio en respuesta a presuntas amenazas de quema en la zona.

No obstante, la postura contrasta con lo informado previamente por autoridades, quienes habían señalado que se trató de un operativo denominado “paso libre”, sin referencia a riesgos mayores como “quemas”, lo que evidencia un cambio en la narrativa oficial sobre los hechos.

En otro tema, el secretario abordó la situación del exdirector del Cereso de Tlaxcala, quien permanece prófugo por presuntos actos de corrupción. Aseguró que existe coordinación con fiscalías para su localización y eventual detención.

Respecto al actual titular del centro penitenciario, defendió su desempeño al calificarlo como una persona “íntegra” que ha implementado orden en el recinto. Señaló que las recientes quejas por presunta violencia hacia personas privadas de la libertad responden, según su versión, al endurecimiento de las normas internas y a la restricción de prácticas previamente toleradas.

Pese a ello, no se precisó si existe alguna investigación en curso por estas nuevas denuncias.