Tras un exhorto de la presidenta Sheinbaum al Poder Judicial, el Máximo Tribunal da a conocer datos, pero omite montos de unidades arrendadas

La Corte reservó por cinco años los datos de sus vehículos alegando que “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los ministros”.

Fuente: EL UNIVERSAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transparentó a medias su parque vehicular después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un exhorto a que el Poder Judicial de la Federación diera a conocer los datos que, en una primera respuesta vía transparencia, reservó por cinco años alegando que “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Máximo Tribunal del país.

El pasado 20 de marzo, EL UNIVERSAL publicó la reserva de dicha información, que fue solicitada por este diario desde el 23 de enero de este año. En su gira por Quintana Roo, la presidenta Sheinbaum Pardo se pronunció sobre esta reserva.

“Hay que preguntar al Poder Judicial por qué reservaron esta información, ¿por qué la reservaron? Mi opinión es que todo debe ser transparente. Esa es mi opinión”, expresó en su conferencia de prensa desde Cancún.

En su ampliación de información –fechada en 23 de marzo, pero recibida el 24 de marzo y vía correo electrónico– la Corte especifica que los 151 vehículos no son todos de su propiedad ni están todos a su disposición, sino que forman parte del total de los vehículos que administra el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

De esos 151 vehículos, sólo 60 son propiedad del Poder Judicial y fueron adquiridos entre 2007 y 2022, con un costo total de 20 millones 246 mil 18 pesos. Los demás vehículos, 91 restantes, no son propiedad de la Corte, sino que se rentan; sin embargo, la Corte no especifica el costo que ha pagado por el arriendo.

Cronología de la reserva

En su respuesta inicial, entregada el 6 de marzo pasado, el Comité de Transparencia de la Corte precisó que cualquier ampliación de información —reconociendo que había datos que deben ser públicos— debía darse en un plazo de cinco días hábiles, sin mencionar que la entrega de información deba ocurrir de manera obligatoria. Entre el 6 y el 20 de marzo se dieron nueve días hábiles.

“Dado que este Comité de Transparencia es competente para dictar las medidas necesarias a fin de garantizar que la información bajo resguardo del Alto Tribunal se ponga a disposición de manera completa, con fundamento en los artículos 40, fracción I, de la Ley General de Transparencia; 11 y 23, fracción II, del Acuerdo General 5/202512, se requiere a la DGRM, por conducto de la Secretaría Técnica, para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución se pronuncie con mayor detalle sobre los datos requeridos en la solicitud, específicamente respecto de los 151 vehículos mencionados en su informe”.

Esa información contrasta con lo que la Corte aseguró en una carta aclaratoria enviada a EL UNIVERSAL, donde afirma que “desde la respuesta inicial a la solicitud se informó expresamente que los datos serían ampliados mediante un alcance” y que el medio “tenía conocimiento de que la información se encontraba en proceso de integración”.

Entre la primera respuesta de la Corte, presentada el 6 de marzo en la PNT, y la ampliación que entregó el 24 de marzo, El Gran Diario de México no recibió ninguna notificación sobre que la información adicional se encontrara en proceso de integración; por el contrario, la Plataforma Nacional de Transparencia cerró el proceso dado que no se presentó una queja a la respuesta.

En la opacidad, 91 vehículos

De las 151 unidades que componen el parque vehicular de la Corte, 96 son automóviles, 38 son camionetas tipo minivan, SUV y Van, y 17 son motocicletas. Del total, 132 son utilitarios, que incluye autos compactos, para pasajeros, de carga y motocicletas.

Solo 11 se utilizan para el traslado de mandos superiores, cuatro se usan para apoyo de los ministros sin tener adecuaciones de seguridad especiales; otros cuatro son parte de la estrategia de seguridad.

De los cuatro automóviles con adecuaciones especiales para atender los requerimientos de seguridad de los ministros, la Corte sostiene la reserva del modelo por motivos de seguridad; sin embargo, transparenta que uno de ellos se adquirió en 2019 con un costo de 680 mil 900 pesos.

Otros dos se adquirieron en 2020 con un costo unitario de 769 mil 474 pesos y el cuarto se compró en 2022 con un costo de 969 mil 203 pesos. Además de esos cuatro vehículos, la Corte admite tener en su propiedad solo una camioneta para el apoyo a ministros, adquirida en 2019 con un costo de 834 mil 913 pesos.

Otras tres camionetas de apoyo a ministros, aunque forman parte del parque vehicular de la Corte, son parte de los 91 vehículos rentados, según detalla en su informe.

Además, sólo 10 automóviles para el uso de mandos superiores fueron adquiridos en 2018, con un costo unitario de 323 mil 600 pesos y en 2019, con un costo de 319 mil 615 pesos. El modelo de todos esos automóviles y camionetas fue reservado por motivos de seguridad.

Sobre los coches arrendados, la Corte especificó que los modelos son 2021 y 2022, la mayoría de ellos son automóviles de uso utilitario, solo tres son camionetas y esas se suman a las tres camionetas para el uso de los ministros.

Entre los vehículos más baratos que ha adquirido la Corte están tres motocicletas modelo 2015, que se adquirieron a un costo de 64 mil pesos.

En enero se dio a conocer que la Corte adquirió nueve nuevas camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para sus ministros, como parte de la renovación periódica de su parque vehicular. Sin embargo, unos días después de darse a conocer la noticia, ya para el 25 de enero, los ministros de la Corte dieron a conocer su decisión de no utilizarlas y de devolverlas al distribuidor, por “un compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos” del Poder Judicial.