Por Héctor LORENZO

Nuevos reportes vinculan directamente a Omar N., apodado o conocido como ‘Guerrero’, identificado como el jefe de escoltas de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, como el presunto responsable de un aparatoso choque ocurrido el pasado 22 de marzo. El incidente, registrado en la autopista México-Puebla a la altura de FINSA, ha escalado de un siniestro vial a un escándalo político debido al alto rango del funcionario involucrado.

De acuerdo con los peritajes iniciales, Guerrero González conducía un Toyota Camry —vehículo oficial propiedad del Gobierno de Tlaxcala— a exceso de velocidad y presuntamente en estado de ebriedad. Testigos y reportes policiales señalan que el funcionario viajaba armado al momento de impactar lateralmente a un Suzuki Ignis, provocando que este volcara y terminara destrozado contra la base de un puente.

El saldo humano del percance es crítico: mientras que el conductor del auto afectado, Sergio Iván N.,, pudo buscar atención por su cuenta, su acompañante, Maressa N., permanece hospitalizada en estado grave. La gravedad de sus lesiones ha intensificado la exigencia de justicia por parte de familiares y ciudadanos, quienes temen que el cargo del responsable influya en el proceso legal.

Tras la presión mediática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala confirmó la separación de funciones de Omar «N». No obstante, la dependencia aclaró que el elemento sigue adscrito a la corporación bajo un estatus administrativo especial, a la espera de una notificación oficial por parte de la Fiscalía de Puebla que permita proceder con una sanción definitiva o baja total.

El titular de la SSC, Martín Perea, aseguró que no habrá privilegios en la investigación y que existe total disposición para colaborar con el gobierno poblano. Sin embargo, el hecho de que un perfil de extrema confianza para la gobernadora operara una unidad oficial bajo los influjos del alcohol y portando un arma de fuego ha puesto en entredicho los protocolos de supervisión dentro de la escolta estatal.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de las autoridades ministeriales, quienes determinarán la situación jurídica del jefe de escoltas. La resolución del proceso será clave para definir si la administración tlaxcalteca cumple con la promesa de «cero impunidad» o si el influyentismo se impone.

Finalmente, algunos elementos al interior de la corporación, señalaron que el jefe de escoltas se jactaba de ser Intocable, además de asumir posturas elitistas con los demás escoltas y policías.