Sin pruebas, asegura que no existen acusaciones legales y cuestiona la veracidad de reportajes difundidos recientemente

Por Stephany Rodríguez

Durante el diálogo circular del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el coordinador general de Comunicación, Antonio Martínez , manifestó su molestia por los recientes señalamientos mediáticos que vinculan a Ricardo Peralta Saucedo, actual titular de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México, con una presunta red de ‘huachicol fiscal’ y acusó a Gentetlx de ‘refritearse’ el reportaje de N+.

Al ser cuestionado sobre la conveniencia de mantener en el cargo a un funcionario señalado públicamente por un tema considerado grave, el coordinador general de Comunicación, sostuvo que se trata de un asunto mediático sin sustento legal. Afirmó que, hasta el momento, no existe ninguna investigación judicial o acusación formal en contra de Peralta Saucedo.

Martínez Velázquez consideró que los señalamientos derivan de interpretaciones de un reportaje periodístico, y molesto, expuso que ha sido replicado por diversos medios y hasta dijo que los encabezados son ‘exagerados’ y no corresponden con el contenido original de la investigación.

Aunque criticó el manejo periodístico de la investigación, el funcionario hizo su propia interpretación y dijo que Peralta Saucedo no aparece como un actor central dentro de la presunta red de contrabando de combustible, y al auto erigirse en Ministerio Público aseguró que otros nombres mencionados en el reportaje no enfrentan procedimientos legales derivados de esos señalamientos.

Asimismo, quiso dar cátedra e hizo un llamado a revisar las fuentes originales de información y diferenciar entre investigaciones periodísticas y la manera en que éstas son retomadas por otros medios. Reiteró que no se puede responsabilizar legalmente a una persona únicamente por su mención en un trabajo periodístico.

El pronunciamiento ocurre luego de que una investigación de N+ Focus señalara la posible participación de Peralta Saucedo en una estructura de contrabando de combustible que habría operado entre 2024 y 2025, con la intervención de empresarios, funcionarios y mandos militares.

De acuerdo con dicho trabajo, el exfuncionario federal habría tenido control sobre accesos estratégicos en puertos durante su gestión en la Agencia Nacional de Aduanas, lo que presuntamente facilitó el ingreso irregular de hidrocarburos al país.

Pese a ello, el gobierno estatal insistió en que no existen elementos jurídicos que acrediten responsabilidad en su contra, por lo que descartó emitir una postura distinta mientras no haya resoluciones oficiales.