Urgieron la armonización de la Ley de Salud para garantizar el servicio en el sector público

Por Selene Sosa

Derivado de su lucha en favor del derecho de decisión de las mujeres de gestar o no, integrantes de organizaciones civiles han sido víctimas de persecución, linchamiento digital y amenazas de violación sexual y feminicidio, así lo dieron a conocer este jueves durante una conferencia de prensa en la que exigieron al Congreso Local la armonización de la Ley de Salud.

Representantes de organizaciones civiles como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (DDESER) en Tlaxcala, Mujeres en Consenso, Hijas del maíz y otras, lamentaron que usuarios en redes sociales, principalmente hombres, las han atacado y criminalizado su activismo.

Rosario Texis Zúñiga, directora de DDESER, expuso que su labor en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en materia de salud reproductiva las haya puesto en estado de vulnerabilidad al ser víctimas de persecución, linchamiento mediático, amenazas de violación e incluso de feminicidio, por lo que incluso, algunas, cuentan con órdenes de protección.

En otro orden de ideas, durante la conferencia de prensa, las activistas urgieron al Congreso de Tlaxcala la armonización al marco normativo, al tiempo que dieron a conocer que han presentado por enésima ocasión una solicitud para realizar una mesa de trabajo con las y los 25 integrantes del pleno.

El pasado 02 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “les ahorró un problema” a las y los integrantes de la LXV Legislatura al despenalizar el aborto con la derogación de diversas disposiciones que impedían a las mujeres acceder a la interrupción del proceso de gestación por voluntad.

No obstante, a casi cuatro meses de dicha determinación, quienes ocupan una curul en el Poder Legislativo no han abordado el tema, lo que obstaculiza que el sistema de salud público en la entidad garantice el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya que no se cuenta con los recursos necesarios.

Es decir, los nosocomios públicos carecen de personal especializado para la realización de la ILE, desconocen incluso que es legal que se practique por decisión de la mujer y tampoco cuentan con insumos para el procedimiento, ya sea por intervención o medicación, por lo que las mujeres que asisten en busca de dicho servicio terminan siendo dirigidas a las organizaciones.

En este sentido, Texis Zúñiga refirió que, en lo que van del año, han acompañado 897 abortos, de los cuales el 40 por ciento son casos de violación sexual y alrededor de 300 son de menores de edad, de ahí la urgencia de la armonización a la Ley de Salud.