Columna Invitada

Este sábado se dará a conocer la convocatoria de Morena para definir las candidaturas en las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027. El método anunciado no es menor: serán las encuestas las que determinen quién encabezará los proyectos estatales. En teoría —y ahora también en práctica— la decisión descansará en la opinión ciudadana, no en designaciones cupulares.

Bajo esa lógica, el escenario en Tlaxcala parece tener una tendencia clara. Diversos sondeos colocan a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera con una ventaja consistente frente al resto de los aspirantes. No se trata de una percepción aislada ni de una construcción mediática reciente; es el resultado de más de una década de trabajo territorial, de presencia constante en comunidades y municipios, y de una estructura ciudadana que ha crecido desde abajo, sin depender de la maquinaria institucional.

En contraste, el panorama para el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García dista de ser alentador. En su equipo es visible el desánimo por dos razones centrales: primero, pese a la inversión económica destinada a posicionamiento en medios y redes sociales, su crecimiento en encuestas no despega; segundo, las presiones que se han ejercido desde Casa de Gobierno sobre funcionarios, alcaldes, titulares de organismos autónomos, legisladores e incluso integrantes del Poder Judicial, han resultado contraproducentes. Lejos de fortalecerlo, han incrementado sus negativos.

La política de presión y alineamiento forzado suele generar obediencia momentánea, pero rara vez produce simpatía genuina. En el caso del llamado “delfín”, ni siquiera dentro de sus propias filas se percibe entusiasmo auténtico por una eventual candidatura. La falta de arraigo popular no se corrige con espectaculares ni campañas digitales; se corrige con trabajo territorial sostenido, algo que no se improvisa en tres años de gestión municipal.

El contraste con Ana Lilia Rivera es evidente. La senadora oriunda de Calpulalpan ha construido, durante más de diez años, redes de apoyo en los 60 municipios del estado, extendidas a comunidades y barrios. Esa base social, cimentada en contacto directo y organización permanente, difícilmente puede ser desplazada por cualquier forma de “acarreo institucional”. Cuando el respaldo nace del convencimiento y no de la presión, las encuestas lo reflejan.

A ello se suma un elemento simbólico: el rechazo ciudadano a las prácticas que evocan los viejos tiempos del priismo, caracterizados por la imposición y el dedazo. Resulta paradójico que figuras con pasado en el antiguo régimen pretendan reeditar esas fórmulas en un contexto donde la narrativa dominante es la transformación democrática. Tlaxcala no es ajena a esa memoria histórica y sabe distinguir entre liderazgo legítimo y candidatura inducida.

Por ello, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta una disyuntiva política y ética: respetar el método de encuestas anunciado por su partido o insistir en una ruta de imposición que podría fracturar a la base morenista en el estado. Si la convocatoria privilegia la voluntad popular, el mensaje es claro: debe ganar quien tenga el respaldo mayoritario, no quien cuente con el impulso del aparato gubernamental.

En esta antesala de definiciones, la contienda en Tlaxcala no es solo entre dos perfiles; es entre dos formas de entender la política. Una, basada en la cercanía social y la construcción territorial; otra, en la promoción institucional y la presión vertical. Si Morena apuesta por la congruencia, serán las encuestas —y no las inercias del pasado— las que definan el rumbo de cara a 2027.

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