Por Mauricio Hernández Olaiz

Durante años, desde el gobierno estatal se repitió hasta el cansancio que en Tlaxcala no operaba el crimen organizado. Que aquí no. Que eso era asunto de otros. Que nuestra entidad vivía en una burbuja de estabilidad casi ejemplar.

Pero la realidad —terca, incómoda, indomable— terminó por irrumpir en horario estelar. En Imagen Televisión, el periodista Nacho Lozano reveló la existencia de una libreta asegurada en una casa de seguridad del Cártel Jalisco Nueva Generación. La llamada “Nómina Tlaxcala”.

Una hojita escrito a mano en donde aparecen pagos semanales a 40 muchachos —dos comandantes y 38 de tropa—, recursos para gasolina y comida… y una palabra adicional que sacude cualquier intento de negación: “estatal”, 150 mil pesos semanales.

“Estatal”. No “municipal”. No “apoyo externo”. No “varios”.

Estatal.

A pregunta directa de Imagen Tv sobre el asunto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala se deslindó. Negó cualquier vínculo. Aseguró que no recibe dinero de grupos criminales. Desde luego. Nadie espera una confesión abierta sobre un escándalo de semejantes proporciones.

Pero el problema nunca fue lo que admiten. El problema ha sido lo que sistemáticamente negaron, especialmente el Marino Perea.

Porque esta no es una historia que empieza con una hojita a mano. Es una historia que se escribió durante años de minimizar alertas, de maquillar cifras, de disfrazar focos rojos con comunicados optimistas y discursos constantes.

Y en el centro de esa narrativa ha estado el secretario de Seguridad, Alberto Perea Marrufo. Un funcionario cuya gestión ha estado marcada por tropiezos, contradicciones y una evidente incapacidad operativa.

Ahí está el episodio que nadie olvida: el linchamiento en Zacatelco, donde dos elementos policiacos fueron brutalmente asesinados sin que la estructura de seguridad lograra reaccionar a tiempo ni rescatarlos. Una tragedia que evidenció descoordinación, falta de inteligencia y ausencia de mando efectivo.

En cualquier administración con un mínimo de autocrítica, aquello habría significado la salida inmediata del responsable.

Aquí no.

Aquí continuó en el cargo, tan campante, como si nada hubiese ocurrido.

Y mientras tanto, los indicios de presencia criminal se acumulaban. No uno. No dos. Decenas. Cientos. Tal vez miles de señales que apuntaban a la consolidación de células del CJNG en distintas regiones del estado.

La semana pasada, fuerzas federales detuvieron en Santa Cruz Tlaxcala a “El Hacha”, identificado como líder regional del grupo del extinto El Mencho. No fue un hecho aislado. Fue otro eslabón de una cadena que el discurso oficial se empeñó en negar.

Porque si algo ha caracterizado a este gobierno encabezado por Lorena Cuéllar es la construcción de una narrativa donde el crimen organizado simplemente no existía en Tlaxcala. Y si no existe, no se combate. Y si no se combate, crece.

A esa ecuación hay que sumar la actuación de la Fiscalía estatal, bajo la conducción de Ernestina Carro Roldán. Otra institución que, lejos de encabezar una ofensiva estratégica contra la expansión criminal, ha transitado entre el bajo perfil y la inercia. Pocas detenciones de alto impacto propias, escasa información clara, resultados que no corresponden al tamaño del problema.

Cuando las autoridades no persiguen con eficacia al crimen, suelen existir dos hipótesis incómodas: incapacidad o colusión. Ninguna tranquiliza. Ambas erosionan la confianza pública.

La “Nómina Tlaxcala” no es sólo un escándalo mediático. Es el símbolo de un fracaso estructural. Porque mientras desde el poder se hacían maromas discursivas para sostener que Tlaxcala era una excepción nacional, la realidad avanzaba con método, reclutaba jóvenes, establecía jerarquías… y, según esa libreta, presupuestaba pagos que hoy nadie quiere explicar.

A poco más de año y medio de que concluya el sexenio, esto no es un simple tropiezo comunicacional. Es la implosión del relato oficial.

Ya no basta con deslindarse. Ya no alcanza con negar.

Porque cuando la realidad te estalla en la cara, la pregunta no es si el crimen organizado llegó.

La pregunta es cuánto tiempo estuvo creciendo mientras el gobierno miraba hacia otro lado.

La respuesta…desde que llegó Lorena…desde ese día en que la presencia de comandos fuertemente armados circularon en Tlaxcala como Pedro por su casa, desde ese día en que los embolsados, encajuelados, quemados, colgados comenzaron a ser el panorama cotidiano en el estado, desde ese día en que los robos de autos, de casas fueron cotidianos…desde ese día en que comenzaron a aparecer fosas clandestinas y a desaparecer cientos de personas…..todo eso hoy se confirma, todo eso hoy se entiende más, gracias a una simple hoja de papel escrita a mano.

@olaizmau

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