La Auditoría Superior de la Federación señala problemas graves en las gestiones de gobiernos estatales y municipales, de Pemex, del hospital general “Dr. Eduardo Liceaga” y de contratos otorgados a Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y de ejecutivos de Televisa.

Fuente: PROCESO

En su tercera entrega de informes sobre la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el uso de recursos federales por 59 mil 345 millones de pesos; el 43% de este monto, o 25 mil 652 millones de pesos, se concentró en apenas 30 informes, que apuntan a problemas graves en las gestiones de varios gobiernos estatales y municipales, de Pemex, del hospital general “Dr. Eduardo Liceaga”, y de contratos otorgados a empresas de los multimillonarios Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego y de ejecutivos de Televisa.

Estos 30 informes, que Proceso encontró entre los mil 566 informes que la ASF publicó el pasado martes 17, están relacionados con el mal uso de recursos federales por parte de los gobiernos del Estado de México, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Veracruz y Tabasco –todos de Morena–, pero también de Guanajuato, Chihuahua y Yucatán –con administraciones del PAN– y de Nuevo León, entidad gobernada por Movimiento Ciudadano.

En la lista figuran también 13 municipios –incluyendo Macuspana, de donde es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador– y una alcaldía capitalina –Cuajimalpa, durante la gestión de Adrián Rubalcava Suárez, quien es ahora director del Metro capitalino–, que simplemente se negaron a entregar a la ASF los registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas con recursos federales.

El informe con el mayor monto de irregularidades detectadas tuvo que ver con la gestión de Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México: al revisar el destino de 109 mil millones de pesos de recursos federales en la entidad federativa más poblada del país, la ASF descubrió problemas con más de 6 mil 18 millones de pesos, lo que le llevó a concluir que el gobierno “no realizó una gestión eficiente de los recursos”.

Los auditores encontraron, entre otras cosas, que la administración de Gómez había “retenido” 2 mil 160 millones de pesos en los pagos de 53 mil 671 trabajadores del estado, a través de “descuentos” no justificados, una práctica que ya fue denunciada en Texcoco, cuando Delfina Gómez era presidenta municipal. La ASF también señaló que el gobierno mexiquense pagó 2 mil 686 millones de pesos a dos consorcios integrados por empresas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego —Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades e Impulsora de Soluciones Infraestructura— sin contar con la información que comprobara que las obras fueron realizadas.

La ASF también revisó el gasto federalizado del gobierno neoleonés de Samuel García, y detectó irregularidades por mil 987 millones de pesos, principalmente en la dispersión de recursos con entes públicos y privados, en falta de documentación probatoria de servicios y obras, y en un gasto multimillonario en el Fideicomiso Promotor de Proyectos Estratégicos Urbanos.

Irregularidades de esta naturaleza fueron señaladas en las gestiones de Cuauhtémoc Blanco en Morelos –con mil 645 millones de pesos por aclarar–, de Maru Campos en Chihuahua –mil 82 millones de pesos–, de Diego Rodríguez Vallejo en Guanajuato –847 millones de pesos–, de Julio Menchaca Salazar en Hidalgo –722 millones de pesos–, de Cuitláhuac García en Veracruz –710 millones de pesos–, de Rutilio Escandón en Chiapas –685 millones de pesos–, de Mauricio Vila Dosal en Yucatán –527 millones de pesos–, y de Carlos Merino Campos en Tabasco –444 millones de pesos–.

La ASF también encontró irregularidades multimillonarias con grandes contratistas: en un informe, señaló que Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó en demasía más de mil 232 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales GSM, filial de Grupo Carso, de Carlos Slim Helú, en el campo petrolero Quesqui, ubicado en Tabasco, en operaciones que conllevaron irregularidades por mil 561 millones de pesos, según la ASF.

En otro informe de auditoría, el ente fiscalizador determinó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había pagado 484 millones de pesos en exceso a la constructora ICA en las obras del puente vehicular Nichupté, en Cancún, una obra por la que la empresa —cuyos socios son David Martínez Guzmán, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, respectivos socio y co-presidentes ejecutivos de Televisa— recibió contratos por más de 5 mil 870 millones de pesos.

La ASF también encontró irregularidades millonarias en la obra carretera Real del Monte–Entronque Huasca, en Hidalgo, atribuida en mayor parte a la empresa Coconal, de Héctor Ovalle Favela, y a Proacon de México, filial de la empresa española Aldesa.

Entre los municipios que se negaron a entregar información a la ASF —lo que les valió observaciones por varios cientos de millones de pesos— destacan los municipios chiapanecos de Chamula, Chilón, Frontera Comalapa y Salto de Agua, así como Apaseo el Grande, en Guanajuato; Torreón, en Coahuila; Macuspana, en Tabasco; Valle de Chalco Solidaridad y Otzolotepec, en el Estado de México; Ixtaczoquitlán, en Veracruz; Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo; La Piedad, en Michoacán; y Pesquería, en Nuevo León.

En un informe de auditoría forense, la ASF también detectó irregularidades en la gestión financiera del hospital general Dr. Eduardo Liceaga y, aunque consideró que, por lo general, la institución médica cumplió con las disposiciones legales y normativas, realizó contrataciones sin evidencia documental, con 353 millones de pesos sin aclarar.