Enfocada a las personas con discapacidad mental o intelectual

Por Selene Sosa

Con el propósito de reducir la brecha de desigualdad, la Diputada de MORENA, Lorena Ruiz García planteó modificar el Código Penal del Estado de Tlaxcala para que su redacción se haga con perspectiva de discapacidad, específicamente atender a las personas con discapacidad mental o intelectual.

“No se trata de generar privilegios, sino de reconocer que la igualdad exige trato diferenciado cuando existen condiciones estructurales de desventaja”, puntualizó durante la lectura de su iniciativa, la cual, añadió, pretende que el sistema jurídico asuma la responsabilidad de visibilizar y atender a dicho sector poblacional.

Y es que, justificó, en Tlaxcala no existen siquiera, cifras que develen cuántas personas con discapacidad mental o intelectual han sido sujetas a investigación o al algún proceso penal por delitos patrimoniales de baja cuantía, lo que, de entrada, ya es un acto de invisibilización.

Además, Ruiz García remarcó que, cuando una persona en dicha situación se ve involucrada en un proceso penal, el sistema jurídico no contempla el impacto que la investigación y la sanción tienen no sólo en la persona que ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad, sino también su familia, precarizando así su nivel de vida y bienestar.

“En este contexto… la aplicación automática de sanciones pecuniarias previstas para daños patrimoniales de mínima cuantía puede derivar en consecuencias sociales desproporcionadas (lo que) resulta contrario al mandato constitucional de igualdad sustantiva y al deber reforzado de protección que pesa sobre las autoridades locales”.

Así, la integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala propuso exceptuar la aplicación de la Fracción I del Artículo 348 del Código Penal a las personas con discapacidad mental e intelectual cuando el valor de los daños no exceda 50 veces el salario mínimo.

Bajo dicha tesitura, Lorena Ruiz aseguró que la reforma “no genera impunidad” sino que encamina a la solución de los conflictos por la vía civil o bien por justicia alternativa, ello, “con la finalidad de evitar la criminalización desproporcionada” de las personas con discapacidad mental o intelectual en Tlaxcala.

Cabe mencionar que, el Artículo 348 del Código Penal en su Fracción I establece que se impondrá una multa de 18 a 54 días de salario mínimo a quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otra.