Con el aval de la LXV Legislatura

Por Selene Sosa

Las reformas aprobadas por el Congreso del Estado, a petición de la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, otorgan nuevas facultades a la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), que ahora tendrá mayores competencias en el manejo de residuos y áreas protegidas.

Hay que recordar que, recientemente la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Tlaxcala, remitió al Poder Legislativo una iniciativa para modificar la norma en cuestión, la cual fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes en el Pleno en la última Sesión Ordinaria celebrada.

De fondo, el Decreto dota a 16 dependencias gubernamentales de nuevas facultades, resaltando las que ahora tendrá la SMA, la cual estuvo primeramente bajo la tutela del ahijado de la Mandataria Estatal, Luis Antonio Ramírez Hernández y, ahora, de Pedro Alvarado Aquino.

De acuerdo con el Proyecto, ahora la Secretaría de Medio Ambiente podrá formular, ejecutar y evaluar las políticas en materia de medio ambiente, calidad del aire, residuos, economía circular, biodiversidad, ordenamiento ecológico, recursos naturales y de cambio climático, ello con el propósito de “prevenir el daño, conservar y restaurarlos”.

Asimismo, el Párrafo II BIS le otorga facultades para “Realizar, por conducto del Órgano Desconcentrado correspondiente, las acciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas jurídicas y autorizaciones en materia ambiental”.

Así como integrar y mantener actualizado el sistema estatal de áreas naturales protegidas y administrar, conservar, restaurar y coadyuvar con la Federación en materia de áreas naturales protegidas, además de establecer políticas, programas y proyecto para el ordenamiento ecológico del territorio.

A la lista de nuevas competencias de la SMA se suman las de regular y fomentar la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del estado, conforme a la distribución de competencias prevista en el marco legal, “así como los convenios que, en su caso, se suscriban con otros órdenes de gobierno”.

Además, de “promover el desarrollo y la instalación de tecnologías para el aprovechamiento de residuos que permitan reducir el volumen de confinamiento en sitios de disposición final” y disponer de la vida silvestre, conforme lo establezcan las leyes federales y estatales en la materia.