Irregularidades en adjudicaciones, sobreprecios y empresas inhabilitadas han marcado la gestión de Birmex, que fracasó en garantizar insumos médicos para el IMSS, ISSSTE y el sistema de salud federal, no obstante la remoción de directivos.

Fuente: PROCESO

En sus primeros dos años, la institución encargada de la compra consolidada de los medicamentos destinados al sistema de salud pública, la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), no sólo resultó incapaz de surtir las claves de medicamentos destinadas al IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, sino que también incurrió en una serie de irregularidades en adjudicaciones multimillonarias. Estas incluyen falta de documentación en los expedientes, contratación de empresas inhabilitadas, pagos indebidos y compras a sobreprecios.

Entre estas irregularidades, enumeradas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el informe de resultados de la auditoría 2025-02-0IC-12-277-MD-001, elaborado en diciembre pasado, destaca la adjudicación, en 2025, de 423 claves de medicamentos por 49 mil 738 millones de pesos a nueve proveedores que no entregaron los documentos requeridos, lo que “debió ser causa de desechamiento”, según determinó el Órgano Interno de Control (OIC).

Uno de estos proveedores fue Laboratorios Pisa, la principal vendedora de medicamentos al gobierno federal, que celebró contratos por 19 mil 330 millones de pesos con la administración de Claudia Sheinbaum Pardo el año pasado. El OIC también descubrió que Birmex adjudicó una clave de medicamentos a Laboratorios Pisa a pesar de que la empresa la había ofertado, lo que, a juicio de los auditores, incumplió con los principios de legalidad y transparencia.

Otro de los proveedores contratados de manera irregular fue Bioresearch de México, compañía a la que la paraestatal compró 34 claves de medicamentos por 26 mil 442 millones de pesos.

En otro caso que se remonta a 2024, la Secretaría Anticorrupción detectó que la empresa Zurich Pharma, SA de CV, suscribió cartas de respaldo para adjudicaciones a otras dos empresas —Farmadescuento y Proquigama— mientras se encontraba inhabilitada. Asimismo, en varias adjudicaciones se identificó que Birmex otorgó contratos a empresas con precios más altos que sus competidoras o adquirió insumos a sobreprecio.

Además, al revisar 25 de los 156 procedimientos de contratación de compras consolidadas de medicamentos realizados por Birmex entre enero de 2024 y julio de 2025, el OIC encontró que la dependencia ofreció cifras erróneas al justificar la adjudicación directa de ciertos contratos en lugar de someterlos a un proceso de licitación pública.

Los hallazgos del OIC sobre las contrataciones de medicamentos para 2025 y 2026 ya habían sido anticipados. En marzo pasado, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, advirtió la existencia de sobrecostos de hasta 13 mil millones de pesos en las adjudicaciones de Birmex, además de la incapacidad para adquirir todas las claves de medicamentos e insumos médicos.

En abril, la funcionaria declaró la “nulidad total” del proceso de licitación de compra consolidada debido a un “vicio de origen”, ordenó reiniciarlo desde cero y anunció investigaciones contra funcionarios y 16 empresas farmacéuticas involucradas en procesos con irregularidades.

Remociones

Buenrostro no fue la única en detectar problemas graves en la gestión de Birmex. El despacho A. Franck y Asociados, contratado para realizar una auditoría externa a las cuentas de 2024 de la empresa, se negó a emitir un informe debido a que Birmex no proporcionó “cifras confiables” que permitieran verificar si todas las operaciones fueron registradas contablemente.

El 10 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo removió de la dirección general de Birmex a Iván Olmos Cansino, a quien ella misma había nombrado cinco meses antes y que había heredado “problemáticas” contables de la administración anterior, según el despacho auditor. En su lugar nombró a Carlos Alberto Ulloa Pérez, cercano colaborador desde su etapa como titular de la Secretaría de Medio Ambiente en el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador.

Ulloa, diputado con licencia de la Ciudad de México por Morena, removió a gran parte del equipo directivo de Birmex —incluida la directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López Juárez— y nombró en cargos clave a excolaboradores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda durante el gobierno capitalino de Sheinbaum.

Sin embargo, el nuevo director no tuvo mejores resultados. En diciembre pasado, Birmex reconoció que no pudo adquirir mil 26 claves de medicamentos e insumos de salud de la compra consolidada 2025-2026, poco menos de la mitad de las 2 mil 29 claves que pretendía obtener para abastecer al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina, IMSS-Bienestar, hospitales federales de referencia e institutos nacionales de salud.

Auditoría

Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro puso atención prioritaria a la compra consolidada de medicamentos. El 23 de enero de 2025, el OIC abrió una investigación con un “enfoque de combate a la corrupción”, al considerar que la adquisición de medicamentos representa un proceso de alto riesgo por su impacto y probabilidad de irregularidades.

Buenrostro ya había enfrentado la complejidad de estas compras cuando fue titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese periodo denunció la existencia de un oligopolio que concentraba las ventas de medicamentos al gobierno federal y exhortó a investigar posibles prácticas de corrupción y tráfico de influencias.

Posteriormente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a las principales abastecedoras gubernamentales: Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Farmacéuticos Maypo.

Además del veto, López Obrador encargó a Buenrostro la centralización de la compra de medicamentos para todo el sector salud, tarea que posteriormente se intentó con la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, y más tarde fue transferida a la Secretaría de Salud.

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