Mario Marín, detenido desde 2021 por la tortura contra la periodista Lydia Cacho, busca acelerar su proceso legal como estrategia para abandonar el penal del Altiplano y regresar a prisión domiciliaria.

Fuente: EL FINANCIERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).– El exgobernador de Puebla Mario Marín, detenido en 2021 por la tortura contra la periodista Lydia Cacho, urgió a magistrados federales quintanarroenses a que le dicten sentencia por los delitos que se le imputan, como una estrategia con la que busca abandonar la cárcel del Altiplano y volver a prisión domiciliaria.

A casi un año de que fue reingresado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, su defensa envió diversos escritos a los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de esta entidad.

En ellos, los abogados solicitan que se dicte sentencia en cuatro amparos en revisión relacionados con la petición de cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a domiciliaria, según diversos acuerdos judiciales publicados el 12 de enero último, a los que Proceso tuvo acceso.

Sin embargo, los magistrados —algunos de ellos procedentes de la pasada elección judicial— respondieron resaltando la complejidad de los delitos que se imputan al exgobernador, así como el registro de testimonios sobre el control que pretendió ejercer en otro centro penitenciario, el de Cancún, mientras permaneció interno ahí.

Los magistrados justificaron la tardanza y adelantaron que las sentencias serán dictadas a la brevedad.

“Atendiendo a las elevadas cargas de trabajo diarias que imperan en este tribunal colegiado, la emisión de la sentencia será efectuada a la brevedad posible”, se lee en uno de los acuerdos enviados.

Marín fue reingresado al Altiplano en abril de 2025, luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación de Quintana Roo, a solicitud de Lydia Cacho, revocó el beneficio de prisión domiciliaria.

El exgobernador había sido beneficiado con la medida en 2024 por la entonces jueza federal de Cancún Angélica Ortuño Suárez, lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un sabadazo”.

En aquella ocasión, los magistrados determinaron que existía riesgo de fuga y peligro para la víctima, por lo que optaron por revocar el beneficio.

Personaje peligroso

Entre los diversos argumentos que se han vertido en el caso, se sostiene que Mario Marín se encuentra inmerso en un proceso penal complejo por el delito de tortura, en agravio de una periodista y defensora de derechos humanos, quien fue detenida el 16 de abril de 2005 por agentes de la policía judicial de la extinta Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo y Puebla.

Lydia Cacho fue detenida a las afueras del Centro Integral de Atención de la Mujer en Cancún, por una orden de aprehensión por los delitos de calumnia y difamación, tras la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que la periodista denunció una red de prostitución infantil en la que Marín se vio implicado.

Tras su detención y posterior traslado a Puebla para ser juzgada —entidad que Marín gobernaba—, sufrió diversos actos de tortura perpetrados por autoridades bajo su mando.

Pese a la gravedad del delito, el exgobernador busca salir del penal de máxima seguridad antes de que concluya su proceso judicial.

Detenido en 2021, Mario Marín fue ingresado inicialmente a la cárcel de Cancún, donde permaneció hasta enero de 2023, cuando fue trasladado al Altiplano. Durante ese periodo, intentó desestabilizar el centro penitenciario, presumiendo contactos políticos y recursos económicos.

Informes de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quintana Roo señalan que el exgobernador amenazaba de forma constante a custodios del penal de Cancún y ejercía control sobre otros reos, quienes se dirigían a él como “El Patrón”.

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