La Suprema Corte avaló la desaparición de 109 fondos y fideicomisos decretada en 2020 y rechazó que la medida vulnerara competencias estatales o el federalismo.

Fuente: EL FINANCIERO

Por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la extinción de 109 fondos y fideicomisos ordenada en noviembre de 2020 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al resolver ocho controversias constitucionales promovidas por el mismo número de gobiernos estatales, el pleno de la Corte concluyó que dicha extinción no invadió competencias constitucionales de los estados ni transgredió el principio de división de poderes ni el federalismo.

La votación se alcanzó luego de una serie de observaciones a los proyectos de sentencia del ministro Arístides Guerrero, quien criticó a integraciones anteriores de la SCJN.

“No caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o fue mala, pero sí lo quiero decir de manera clara: fue muy irresponsable, porque fueron cuatro años en los que se cerró la instrucción y no se presentó la propuesta de sentencia”, manifestó al presentar una línea de tiempo del caso.

No obstante, previamente sí existieron proyectos de sentencia sobre estos asuntos, elaborados por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con un sentido similar al de Guerrero, aunque no fueron votados.

La ministra Yasmín Esquivel, si bien se pronunció a favor de los proyectos, votó en contra de la desaparición del fondo de atención a víctimas, al considerar que se trató de “una decisión regresiva” por parte del Congreso federal en perjuicio de quienes han padecido un delito o una violación a sus derechos humanos.

Por su parte, la ministra Lenia Batres recordó que la Auditoría Superior de la Federación evidenció que los fondos y fideicomisos presentaban al menos nueve deficiencias, entre ellas falta de controles de vigilancia, manejo discrecional de recursos y escasa rendición de cuentas.

“Es irrefutable que fueron utilizados para evitar la transparencia del ejercicio de recursos de nuestra nación”, acusó.

El ministro Giovanni Figueroa señaló que las controversias debían sobreseerse, es decir, que la Corte no debía pronunciarse sobre los argumentos de los estados promoventes, que fueron Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Jalisco.

Figueroa consideró que no se actualiza una afectación “siquiera potencial” a las atribuciones constitucionales de las entidades federativas y advirtió que el decreto pudo haberse combatido mediante otros medios de control constitucional, como la acción de inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún tiene pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, cuyo proyecto también será presentado por el ministro Arístides Guerrero.