El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la propuesta que entregará a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.

El documento que será presentado este lunes ante la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral contiene 241 propuestas sobre los tiempos de la elección de 2027, el sistema de partidos, la fiscalización y financiamiento de partidos, el modelo de comunicación y el funcionamiento de los Organismos Públicos Locales.

En su propuesta de reforma electoral, el INE sugiere conservar el modelo de diputados plurinominales o valorar un sistema de representación pura con listas abiertas; revisar los límites de sobrerrepresentación en el Congreso; cambiar la fecha de la elección judicial a octubre de 2027 y mantener el financiamiento a partidos políticos.

Plurinominales y representación en el Congreso

El INE advierte que en los últimos procesos electorales se ha evidenciado una distorsión en la integración de la Cámara de Diputados, resultado de estrategias de coalición que permiten a ciertos partidos incrementar su representación más allá de lo que corresponde a su votación efectiva.

Por ello, plantea revisar el artículo 54 de la Constitución, que establece un límite de 8% de sobrerrepresentación, con el objetivo de reducir el margen permitido y asegurar una correlación más justa entre votos obtenidos y curules asignados.

Sobre el modelo de representación, el INE recomienda preservar y mejorar el sistema de elección de legisladores por representación proporcional, al advertir que su eliminación o sustitución por un sistema de primera minoría podría causar una mayor sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios y afectar a los partidos más pequeños.

Expone que, si el problema radica en que los plurinominales son elegidos por las cúpulas partidistas y no por la ciudadanía, se podría valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura, en el cual cada partido reciba un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos, a partir de listas de candidaturas abiertas.

Financiamiento de partidos y elección judicial

El Instituto sostiene que el financiamiento público es indispensable para la supervivencia de los partidos pequeños y para la organización de elecciones accesibles. No obstante, propone que este financiamiento pueda vincularse con el porcentaje de votos nulos o de abstención, de modo que tenga efectos presupuestales.

Para las elecciones de 2027, el INE propone que la elección judicial se realice el último domingo de octubre, cuatro meses después de la elección de la Cámara de Diputados, gubernaturas y otros cargos locales, argumentando que existen operaciones logísticas que dificultan empatar ambos procesos en un solo marco temporal.

En este escenario, las campañas se realizarían en agosto y septiembre con una duración de 60 días, para que la jornada electoral se celebre en octubre.

Asimismo, recomienda rediseñar el formato de las boletas para evitar la saturación de información, así como implementar un modelo mixto de votación que contemple la modalidad electrónica o por internet.

El INE también plantea que las candidaturas del Poder Judicial puedan recibir financiamiento privado, con límites establecidos, al considerar que los recursos propios son desiguales y no garantizan un piso parejo. Otra propuesta es prohibir expresamente la participación de partidos políticos o grupos afines en la promoción, propaganda o financiamiento de candidaturas judiciales.

Fiscalización y control de recursos

En materia de fiscalización de recursos de partidos políticos y campañas electorales, el órgano electoral solicita una coordinación obligatoria con autoridades federales y locales para el manejo, regulación y vigilancia de recursos públicos y privados, con el fin de dar seguimiento a los gastos e ingresos en tiempo real.

Además, pide dotar al INE de facultades o previsiones normativas para sancionar a funcionarios o servidores públicos que obstaculicen las tareas de fiscalización, así como establecer la obligación de que las autoridades respondan en un plazo máximo de 10 días a las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario, fiscal y ministerial.

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