Vecinos de Tepetitla denuncian engaños legales y exigen justicia por despojo de vivienda
7 de enero - 2026

Un conflicto de propiedad vigente desde 2014 y la presunta actuación irregular de abogados motivaron una manifestación pacífica frente a Palacio de Gobierno en Tlaxcala.

Por Stephany Rodríguez

Pobladores del municipio de Tepetitla de Lardizábal se manifestaron de manera pacífica frente a Palacio de Gobierno, en la capital tlaxcalteca, para solicitar la intervención de la gobernadora del estado ante un conflicto legal relacionado con una propiedad, el cual aseguran permanece sin solución desde 2014.

Durante la protesta, el ciudadano Jaime Solís Amado exigió justicia y la devolución de una vivienda que afirma le pertenece legalmente. Explicó que en 2014 firmó una promesa de compra-venta mediante la cual otorgó la posesión del inmueble; sin embargo, el pago nunca se concretó y el contrato venció en 2018 sin que se cumpliera lo pactado.

Indicó que, pese a haber iniciado un proceso legal en 2022, el caso no ha tenido resolución. Señaló que a lo largo de los años ha contado con la asesoría de diversos abogados, quienes —denunció— incurrieron en presuntas irregularidades, falta de conocimiento de los procedimientos legales y, en algunos casos, no contaban con cédula profesional, lo que provocó retrasos y la desestimación de escritos judiciales.

De acuerdo con el posicionamiento de los manifestantes, el conflicto se agravó debido a errores procesales y a la falta de seguimiento adecuado por parte de quienes se comprometieron a llevar el caso, lo que ha generado una situación de incertidumbre jurídica y afectaciones patrimoniales.

Durante la manifestación, Jaime Solís aseguró que autoridades estatales se comprometieron a revisar su situación y dar seguimiento al caso. Reiteró que su exigencia no tiene tintes políticos, sino que busca recuperar su propiedad y acceder a una resolución justa conforme a la ley.

Finalmente, los vecinos de Tepetitla hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas por abogados involucrados y se garantice el derecho de los ciudadanos a una defensa legal adecuada y al respeto de su patrimonio.