Un predio tomado por aproximadamente 150 personas desplazadas por la violencia del narco en la sierra de Culiacán y Badiraguato fue desalojado por autoridades.

Fuente: PROCESO

Al menos 150 personas originarias de poblados de la zona rural serrana al norte de Culiacán, que se extiende hasta Badiraguato, se habían instalado en un predio ubicado en la zona de Montesierra, en la capital de Sinaloa. Sin embargo, durante la noche del lunes, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para desalojar a estas familias.

Los agentes se encontraban armados al momento del operativo, desplazando por segunda ocasión, con armas largas, a familias víctimas de la violencia.

Todas estas personas huyeron de la violencia generada por grupos criminales en comunidades al norte de Culiacán como La Vainilla, Potrero de los Ibarra, Bagrecitos y otras pertenecientes a la sindicatura de Tepuche.

También hay desplazados de comunidades como La Lapara y Santiago de los Caballeros, entre otras, zonas donde los ataques con drones han sido constantes.

Apenas el lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el aseguramiento de 43 artefactos explosivos en dicho municipio al norte de Culiacán, región que colinda con Durango y Chihuahua y que es conocida como el llamado “triángulo dorado”.

De acuerdo con los testimonios, estas familias fueron “invitadas” por grupos criminales a abandonar sus comunidades, ya que no se les podía garantizar seguridad debido a los enfrentamientos y a las explosiones provocadas por bombas lanzadas con drones.

Por esta razón, arribaron a Culiacán y se asentaron desde mediados de noviembre en un predio ubicado en Montesierra, cerca del basurón municipal, hasta que agentes de la Fiscalía los desalojaron por la fuerza.

La autoridad justificó el desalojo bajo el argumento de que el terreno pertenece a un particular que interpuso una denuncia el 14 de noviembre, por lo que se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de despojo agravado cometido por dos o más personas.

Además de haber sido desplazadas, las familias están siendo investigadas por la presunta comisión de un delito.

Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el municipal se han pronunciado sobre el desalojo de estas personas, a quienes medios locales califican como desplazados por segunda ocasión.

Un agente identificado como Juan Diego Báez explicó al reportero Marcos Vizcarra que el desalojo obedeció a un “mandamiento ministerial”.

Al cierre de esta información, no se habían reportado detenciones ni se había definido un nuevo predio donde las familias puedan establecerse. La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable sugirió que regresaran a sus comunidades de origen; sin embargo, los desplazados aseguran que esto no es posible debido a las condiciones de inseguridad.