Fuente: PROCESO

Cada 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, obliga a reflexionar sobre una realidad que, lejos de mejorar, se ha vuelto más compleja y más dura para millones de personas. Para los mexicanos que viven en Estados Unidos (con o sin documentos), la migración sigue siendo una experiencia marcada por la incertidumbre, el miedo y la vulneración cotidiana de derechos humanos fundamentales.

Migrar no debería implicar perder la dignidad, pero en la práctica, así ocurre. Hoy, muchas familias mexicanas viven en un entorno cada vez más hostil: redadas, procesos migratorios opacos, discursos de criminalización y una narrativa que reduce a las personas migrantes a cifras o expedientes.

El impacto económico y social de los connacionales no es menor. Gracias a su trabajo y sacrificio, hoy sostienen la economía de cientos de comunidades mexicanas. Solo en 2023, las remesas enviadas a México superaron los 66 mil millones de dólares. Detrás de cada envío hay historias de esfuerzo, discriminación y riesgo. A ello se suma un elemento particularmente preocupante: el uso de la tecnología y de los datos personales como herramientas de control migratorio.

En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa la posibilidad de evaluar hasta cinco años del historial en redes sociales de personas que buscan ingresar al país. Aunque se argumenta que esta medida responde a criterios de seguridad nacional, no pueden ignorarse sus implicaciones para la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales, especialmente tratándose de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Las redes sociales no son simples plataformas de entretenimiento. En ellas se reflejan opiniones políticas, creencias religiosas, vínculos familiares, posiciones críticas y aspectos íntimos de la vida cotidiana. Someter esta información a revisiones gubernamentales sin reglas claras, sin criterios transparentes y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas abre la puerta a decisiones discrecionales, sesgos y actos de discriminación.

Para una persona migrante, una publicación mal interpretada, una opinión crítica o incluso una fotografía fuera de contexto pueden convertirse en un obstáculo para cruzar una frontera, renovar una visa o simplemente permanecer con su familia. Ese escenario genera un efecto silencioso pero profundo: la autocensura. El miedo a expresarse libremente por temor a represalias migratorias constituye, en sí mismo, una violación grave a los derechos humanos.

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