La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma para garantizar la menstruación digna como un derecho fundamental y una obligación del Estado, con el propósito de erradicar la pobreza menstrual y reducir las brechas de desigualdad que afectan a niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes en Tlaxcala.

La propuesta legislativa contempla reformas a la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, incorporando un enfoque integral que vincula salud pública, derechos humanos, educación y condiciones laborales dignas.

Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa destaca el acceso universal, progresivo y gratuito a productos de gestión menstrual, con prioridad para personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas, las personas privadas de su libertad, así como la obligación del Estado de garantizar infraestructura sanitaria adecuada en escuelas, centros de trabajo, espacios públicos, centros penitenciarios y albergues.

Uno de los avances más importantes en materia de derechos laborales es el reconocimiento legal de los trastornos menstruales incapacitantes, como la dismenorrea severa, la endometriosis o la menorragia, como causa legítima para la concesión de permisos y licencias médicas, sin menoscabo de derechos laborales ni antigüedad. Esta medida busca evitar que las trabajadoras tengan que laborar en condiciones de dolor o esconder su situación por temor a represalias.

En el ámbito educativo, la iniciativa establece la inclusión obligatoria de la educación integral en salud menstrual, con perspectiva de género, científica, intercultural y libre de estigmas, dentro de los planes y programas de estudio, con el fin de combatir la discriminación, el acoso escolar y el ausentismo asociado a la falta de información y condiciones adecuadas.

Asimismo, se propone la creación del Programa Estatal de Gestión Menstrual Digna, que será de observancia obligatoria para dependencias estatales y municipales, e incluirá la emisión de lineamientos técnicos, protocolos de atención médica especializada, campañas de concientización, así como la generación de indicadores públicos para evaluar su cumplimiento.

“La menstruación digna no es un privilegio, es un derecho humano. Nadie debe ausentarse de la escuela o el trabajo por no tener acceso a productos de higiene o por sufrir dolor extremo sin respaldo institucional”, señaló la diputada Miriam Martínez Sánchez.

Con esta iniciativa, Tlaxcala se perfila para colocarse a la vanguardia nacional en el reconocimiento de los derechos de las personas menstruantes, fortaleciendo la igualdad sustantiva, la salud pública y la justicia social.