Organizaciones informan de mayor inseguridad, tala desmedida y militarización de la zona

La Misión Civil de Observación 2025 de los impactos del Tren Maya señala “graves e irreversibles violaciones a los derechos humanos y colectivos” en los tramos 5, 6 y 7.

Fuente: EL UNIVERSAL

La Misión Civil de Observación 2025 de los impactos del Tren Maya presentó su reporte de daños, entre los que destacaron “graves e irreversibles violaciones a los derechos humanos y colectivos” en los tramos 5, 6 y 7 en Campeche y Quintana Roo.

El informe es resultado de un recorrido realizado por especialistas y organizaciones en abril pasado para documentar las transformaciones de las comunidades intervenidas y atravesadas por el Tren Maya.

La primera lista de daños fue en materia ambiental, especialmente daño en cenotes y la desmedida tala de árboles, refirió el investigador Guillermo D. Christy.

“Tan solo en el tramo 5, 6 y 7 se talaron 20 millones de árboles, árboles que no son unidad, sino un ecosistema que fue totalmente barrido, millones de nidos de aves destruidos; también el corredor biológico en la selva norte de Quintana Roo fue vulnerado totalmente; los manifiestos de impacto ambiental mintieron y nunca reconocieron la presencia del jaguar”, dijo.

Otra afectación es la presencia directa de las fuerzas militares en toda la zona, que además de operar el tren, “realizan incipientes negocios turísticos”, a través de una empresa paraestatal llamada Mundo Maya, detalló la antropóloga Giovanna Gasparello. “La presencia militar se ha concretado en el control y la ocupación de espacios públicos, con pretexto de patrullaje y de mantener la seguridad, ya hay una presencia de actores armados desde supermercados hasta las plazas y playas, cualquier lugar público se encuentra militarizado, esto, en lugar de dar una percepción de seguridad, genera indefensión y miedo”, dijo la investigadora del INAH.

Detalló que el Tren Maya ha generado basureros y desajustes hídricos y eléctricos en las comunidades de Campeche, así como distintos fraudes por parte de la Sedena.

Agregó que no hay forma de denunciar estos problemas, porque no hay otro mando más que el Ejército. “Son gravísimas violaciones a los derechos humanos, el actuar arbitrario es generalizado y es cobijado por un Estado de excepción, a raíz de la declaración del Tren Maya como proyecto de Seguridad Nacional, así se puede brincar todas las obligaciones”.

Aún más grave, dijo, se han disparado las violencias criminales. “Las economías ilegales vinculadas al tráfico de drogas y a las redes de tráfico de personas y prostitución, que ofrecen servicios a los militares y trabajadores flotantes, se han expandido en la zona, configuran una descomposición del tejido social que el gobierno debe atender”.