El consejero presidente sostiene que eliminar atribuciones locales y concentrarlas en una sola autoridad nacional incrementaría costos y complejidad operativa.

Por Stephany Rodríguez 

Durante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el titular del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, expuso una postura crítica frente a la posibilidad de centralizar la función electoral en una única autoridad nacional y reducir las competencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Ávila González señaló que, aunque por ahora solo existen esbozos de una posible reforma electoral, es necesario advertir riesgos en las ideas que han circulado públicamente. Su propuesta se centra en fortalecer a los órganos electorales estatales en lugar de concentrar las funciones en un solo organismo nacional, especialmente si se plantea suprimir la estructura distrital del INE.

El consejero presidente advirtió que la premisa de que los OPLE encarecen las elecciones debe revisarse con rigor, pues una transferencia total de sus funciones podría generar una carga excesiva para la autoridad central, tanto en términos económicos como procedimentales.

Como ejemplo, recordó que en la elección federal de 2024, el INE recibió para registro 4,566 candidaturas, de las cuales solo 66 fueron tramitadas por órganos desconcentrados, lo que —dijo— evidencia una desconcentración casi nula en esa materia. En contraste, los OPLE registraron 181 mil candidaturas en todo el país, y solo en Tlaxcala se contabilizaron 1,399, superando individualmente al registro federal.

Ávila González también señaló que en 2021 los OPLE alcanzaron un récord con más de 245 mil candidaturas, lo que exigió la revisión de documentos, verificación de acciones afirmativas y aprobación de acuerdos, tareas que calificó como esenciales para la operación electoral en los estados.

Recordó además que la última reforma otorgó al INE al menos 70 nuevas atribuciones y fortaleció su estructura central con 63 unidades administrativas, mientras que sus juntas locales y distritales “permanecen prácticamente como en la época del IFE”.

En materia presupuestal, comparó que la elección presidencial de 2012 organizada por el IFE costó más de 10 mil millones de pesos, mientras que la primera presidencial del INE en 2018 rondó los 17 mil millones de pesos, sin incluir prerrogativas de partidos o mecanismos adicionales de participación.

Ante este escenario, sostuvo que difícilmente una sola autoridad podría ejecutar todas las funciones sin incrementar su estructura desconcentrada, por lo que la centralización no generaría ahorros y podría elevar la complejidad y los riesgos para la estabilidad política en estados y municipios.

Ávila González afirmó que el modelo electoral mexicano es resultado de un diseño legal construido a partir de la desconfianza, lo que explica elementos como la credencial para votar, el líquido indeleble, los marcadores, el PREP y otros mecanismos que buscan garantizar certeza.

Como vía de ahorro, planteó que la alternativa más viable es avanzar hacia el voto electrónico, pues la tecnología permitiría reducir costos sin sacrificar garantías.

Finalmente, destacó que el sistema electoral nacional ha demostrado su funcionalidad en escenarios extraordinarios, como la reciente elección judicial, y que más que una fusión de autoridades, lo que existe es una distribución de competencias entre el INE y los OPLE, la cual ha permitido atender las particularidades políticas de un país tan diverso como México.