La CURP, un código alfanumérico de 18 caracteres, funciona como identificador único para cada persona que reside en México, ya sea nacional o extranjera.

Fuente: PROCESO

La CURP biométrica, identificación oficial que entró en fase de implementación en México y almacenará huellas, iris y rostro de cada habitante, ha sido presentada por el gobierno como una herramienta para combatir la corrupción y buscar desaparecidos. Pero colectivos de derechos humanos, tecnólogos y defensores de migrantes alertan que, sin supervisión independiente ni controles robustos, esta base de datos podría convertirse en un sistema de vigilancia masiva o quedar expuesta a fallos de seguridad.

«Pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos», aseguró con voz serena Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, al ser consultada por las inquietudes que despertó la implementación de la nueva Clave Única de Registro de Población, conocida como CURP, y que a partir de ahora contará con datos Biométricos de la población.

La CURP, un código alfanumérico de 18 caracteres, funciona como identificador único para cada persona que reside en México, ya sea nacional o extranjera. Es un requisito que permite acceder a servicios públicos como salud o seguridad social, y para la obtención de documentos oficiales como el pasaporte.

De uso cotidiano en múltiples trámites administrativos, la CURP ahora integrará elementos como huellas dactilares, iris, firma electrónica y fotografía. El rediseño del documento fue formalizado el 16 de julio de 2025, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación por medio de una reforma a la Ley General de Población que establece las bases jurídicas de la CURP con datos biométricos, al incorporar nuevos artículos en la legislación vigente. Su implementación comenzó este 16 de octubre y se espera que para febrero de 2026 todos los módulos del país estén en capacidad de gestionarlo.

Sheinbaum promueve la CURP biométrica como parte de una estrategia para construir un país «seguro». Entre los beneficios, dice, se encuentra su posible utilidad para la localización de personas desaparecidas, un tema prioritario en la agenda nacional. Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Diversos colectivos y especialistas han advertido sobre los riesgos que implica consolidar un sistema de identificación centralizado en un país con antecedentes de corrupción, impunidad y frecuentes filtraciones de datos personales.

Vigilancia sin contrapesos

Para Nayeli Torres, investigadora en temas de tecnología y vigilancia de la organización Artículo 19, la iniciativa gubernamental se enmarca dentro de una serie de reformas legislativas recientes que «se dieron de manera apresurada, con poca consulta a la ciudadanía», y que muestran —en sus palabras— «una clara intención hacia la vigilancia que propicia también la censura y que en general es regresiva en materia de derechos humanos».

Uno de los elementos que más inquietan, explica, es la falta de claridad sobre el tratamiento que tendrán los datos biométricos. Aunque el gobierno ha prometido que estarán protegidos en una plataforma única, aún no se conocen detalles sobre sus mecanismos de resguardo, control de acceso o auditoría. «Si está en una sola base de datos, ¿cómo vamos a saber quién está manejando la información, quién puede acceder a ella y qué uso se le va a dar?», cuestiona Torres.

Los críticos recuerdan la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), lo que deja sin una autoridad independiente con capacidad de fiscalizar el manejo de datos personales a nivel nacional. Durante más de dos décadas, el INAI fue el órgano autónomo mexicano encargado de garantizar el acceso ciudadano a la información pública y la protección de datos personales, pero fue disuelto en marzo de 2025 bajo el argumento del gobierno de que era un ente «costoso», «duplicado» y «carente de legitimidad».

Más allá del documento de identidad en sí, el temor de colectivos gira en torno a un sistema que podría permitir el cruce automatizado de datos personales, biométricos y de telecomunicaciones. Según la experta, el vínculo entre rostro, número telefónico y geolocalización en tiempo real abre la puerta a un modelo de vigilancia sistémica. «Aunque se menciona que va a haber control judicial para intervenir comunicaciones privadas, no se menciona eso para temas como la geolocalización o el acceso a datos conservados», subraya.

La preocupación se refuerza, afirma, con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que contempla la interconexión de bases de datos públicas y privadas. «Las autoridades van a poder acceder irrestrictamente a toda la información de una persona», advierte