Legisladores de España, Portugal, Latinoamérica y el Caribe firmaron el “Pacto Alimentación Primero”, documento en el que se establece la importancia de fortalecer los marcos normativos nacionales y regionales en esta materia.

La firma del pacto se llevó a cabo en el marco del Primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño, en el que las y los legisladores subrayaron que la seguridad alimentaria y la nutrición constituyen un eje transversal para el avance de los derechos fundamentales, la estabilidad social y el desarrollo de los países.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en México, reconoció que el reto más grande es que este acuerdo se transforme en leyes, programas y presupuestos en beneficio de niñas, niños, hombres y mujeres de los países que habitan la región.

Fue la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Verónica Noemí Camino Farjat, quien dio lectura al pacto, dentro del cual se establece el compromiso que busca priorizar la seguridad alimentaria y la nutrición en las agendas políticas de los parlamentos.

“Este acuerdo impulsará una agenda legislativa que garantice el derecho a una alimentación adecuada desde la mesa directiva de los parlamentos, además de fortalecer el marco normativo con presupuesto, a fin de asegurar su implementación, sostenibilidad ambiental, la igualdad de género en esta materia y el fortalecimiento de la democracia”, dijo.

Además, el pacto pretende fortalecer los capítulos nacionales y regionales del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y la Alianza Parlamentaria Portuguesa por la Seguridad Alimentaria, en el marco del entendimiento regional respaldado por la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria.

Cabe destacar que el pacto incluye como uno de sus compromisos supervisar la aplicación de las leyes y políticas de seguridad alimentaria y nutrición; incorporar a los poderes ejecutivos y a la sociedad civil en estos esfuerzos, a través de la participación de académicos, medios de comunicación, organizaciones sociales y el sector privado, en el diseño y evaluación de leyes y políticas vinculadas con la alimentación, con un enfoque territorial.

Lo anterior, además de dar visibilidad a la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria y a los avances de este pacto en foros internacionales clave.