Pese a las órdenes de un juez, la FEVIMTRA archivó la investigación por hostigamiento sexual contra un exjefe policial. Mientras la víctima exige justicia, el funcionario fue ascendido a un cargo en Chiapas.

Fuente: PROCESO

Edgar Gerardo Aguilar Quintana, exjefe de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, fue denunciado desde hace dos años por hostigamiento sexual y discriminación, pero la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) sólo inició su investigación por el segundo delito.

Este es el segundo caso en el que un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) es denunciado por acoso sexual y la FEVIMTRA decide no proceder penalmente en su contra.

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De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, identificada con las iniciales EMB, Aguilar Quintana le envió mensajes vía WhatsApp en los que le hacía insinuaciones sexuales.

Al no obtener respuesta accesible por parte de su subalterna, quien ocupa el puesto de oficial investigadora, ella afirma que fue “congelada” para no poder crecer laboralmente dentro de la institución.

Cuando EMB acudió al Ministerio Público a presentar su denuncia, éste intentó justificar al entonces funcionario federal comentando que probablemente se encontraba en estado de ebriedad y que, por eso, después le ofreció disculpas.

Ella presentó testigos, datos de prueba, solicitó diversos actos de investigación y hasta denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) las omisiones de la FEVIMTRA.

En septiembre de 2024 solicitó una audiencia ante un juez de control para debatir sobre las omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación y obtuvo un fallo favorable.

El juez ordenó ampliar las líneas de investigación a hostigamiento sexual y no ceñirse a la discriminación, pues consideró que ésta fue consecuencia del hostigamiento.

También ordenó implementar medidas de protección para la víctima.

Sin embargo, para marzo último la FEVIMTRA decidió no ejercer acción penal, determinación que fue impugnada por Karina y calificada de ilegal por la juez que resolvió esa impugnación.

Tras denuncias, impunidad. Foto: Octavio Gómez

La juzgadora ordenó reabrir la investigación y realizarla con perspectiva de género por ambos delitos.

Pese a ello, el funcionario fue designado como “suplente para el despacho y resoluciones de los asuntos asignados a la Jefatura de la Policía Federal en el estado de Chiapas” por lo que, al sentirse vulnerable nuevamente, el 23 de julio de este año EMB presentó un escrito ante el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, con copia para el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sin que a la fecha hubiera recibido respuesta alguna.

Proceso tuvo acceso a la tarjeta informativa en la que EMB reprochó el nombramiento en favor de su agresor y lo señaló de intentar intimidar a sus testigos, que en su mayoría son mujeres.

“Promover a un puesto de mando a un servidor público que en el ejercicio de sus funciones ha vulnerado los derechos humanos y laborales de terceros, ha intimidado en aras del desistimiento de la denuncia en su contra y actuado en total desapego a los principios que nos rigen como personal adscrito a la Fiscalía General de la República, da muestra de la asimetría laboral que existe entre hombres y mujeres y que predomina al interior de la Policía Federal Ministerial, a su vez, implica la normalización de la violencia de género en el ámbito policial y transgrede mis derechos como víctima –señaló EMB en su escrito–”.

También acudió a la Secretaría de las Mujeres donde fue canalizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) donde ingresó una queja.

Sin embargo, en el Consejo le recomendaron acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las irregularidades de la FEVIMTRA.

La víctima pidió un tamizaje de riesgo para ajustar las medidas de protección que solicitó desde el inicio, pero la MP encargada del caso consideró que no existe riesgo “real y latente” para ella, pese a que el investigado tiene acceso a armas, poder económico y político.

Tendencia en la FGR

Esa no es la primera vez que una trabajadora de la Fiscalía General denuncia a un superior jerárquico por acoso sexual sin que el Ministerio Público federal proceda en su contra.

Rivera Cisneros. Lentitud en el proceso en su contra. Foto: Facebook / Gobierno Del Estado De Tabasco

El 9 de mayo último Proceso dio a conocer el caso de Ana “N”, quien desde noviembre de 2017 intentó denunciar, sin éxito, al delegado de la FGR en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por realizarle tocamientos, insinuaciones, enviarle mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017 cuando él era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero.

Sin embargo, no fue sino hasta el año 2019 que la FEVIMTRA aceptó iniciar una carpeta de investigación contra Rivera Cisneros, pero en septiembre de ese año el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada por una juez de control el 5 de noviembre de 2019, quien destacó que hubo falta de análisis sobre la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor, y que la FGR actuó con parcialidad durante la investigación ocasionando revictimización.

Por ello, la juez ordenó enviar la carpeta a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) por tratarse de un servidor público en activo, pero cuatro años después nuevamente el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada el 7 de noviembre de 2022 por un juez de control que consideró que el Ministerio Público fue omiso al no designar a Ana un asesor jurídico, pese a que le fue solicitado en diversas ocasiones.