Dos mujeres que investigan el paradero de sus hijos están bajo el acoso de criminales; colectivos exigen que autoridades les otorguen medidas efectivas de protección

Fuente: EL UNIVERSAL

Tijuana.— En San Felipe, Baja California, a una madre buscadora le asesinaron a su nieto; mientras que en Playas de Rosarito a otra activista le dejaron un cuerpo desmembrado frente a su casa. Ambas advirtieron a las autoridades de las amenazas y pidieron ser integradas al mecanismo de protección, sólo recibieron un botón de emergencia descompuesto y rondines no cumplidos.

Líderes de colectivos integrados por familiares que buscan personas desaparecidas advirtieron que las amenazas y los ataques contra los activistas aumentaron en los últimos años.

Señalaron que, a pesar de que advirtieron a los gobiernos local y federal sobre las agresiones, no se han planeado medidas efectivas para proteger su integridad.

Recordaron que en febrero de 2024 la presidenta del Colectivo de Búsqueda Unión y Fuerza por nuestros Desaparecidos, Angelita Meraz León, fue asesinada en Tecate; meses antes reportó amenazas y fue integrada al mecanismo de protección local con un botón de pánico, monitoreo y rondines.

Cinco días después de que abrió su salón de belleza la asesinaron.

El caso de doña Patricia

“Yo no busco empatía, lo que busco es justicia, primero por mi hijo y ahora por mi nieto”, expresa Patricia Orozco, buscadora del único colectivo en San Felipe, y abuela de Abel Roberto Guzmán, joven de 18 años asesinado el 8 de septiembre pasado.

“Desde mayo me amenazaron y me tuve que ir. Apenas regresé, después de meses, y me mataron a mi muchacho. Me han matado dos veces, cuando se llevaron a mi hijo, y ahora, a mi nieto”, dice la mujer.

En mayo pasado Patricia denunció que recibía amenazas de muerte contra ella y su familia; entonces pidió ser agregada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el cual decidió analizar el nivel de riesgo, y mientras tanto, le otorgaron un botón de pánico y coordinaron rondines.

Ante la falta de seguridad y vigilancia, Patricia suspendió los operativos de búsqueda y se fue del estado. Desde el lugar donde se ocultó durante cuatro meses confirmó que los rondines duraron un mes y consistieron en visitas fuera de su casa. Policías locales tomaban una fotografía de la vivienda y se retiraban sin buscarla.

El 2 de septiembre regresó a San Felipe porque las amenazas habían parado y ella necesitaba trabajar para mantener a su hija. Seis días después, el 8 de septiembre, hombres armados mataron a su nieto a unas calles de su casa.

“Fueron como 10 balazos, y todavía escuché cuando gritó ‘¡Nana, nana ayúdame!’. Él era mi mejor apoyo, siempre me acompañaba a las búsquedas”, recuerda Patricia en medio del llanto, desde un lugar no identificado para su protección.

“Presioné el botón de pánico muchas, muchísimas veces, pero nadie vino. Tuve que marcar al 911”, recuerda entre sollozos.

Un policía municipal llegó a la escena del crimen y con su lámpara alumbró al joven tendido en la calle. Ahí lo alcanzó Patricia, quien le preguntó al oficial por qué habían tardado tanto en llegar, la respuesta fue: “Yo sólo hago mi trabajo”.

Después de eso, la familia de Patricia tuvo que trasladar el cuerpo al hospital, donde declararon su muerte.

La complicidad en Playas de Rosarito

Dos semanas después, otra madre buscadora, ahora en Playas de Rosarito, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) medidas de protección, el motivo: le colocaron un cuerpo desmembrado frente a su casa, le apuntaron con un arma y la amenazaron de muerte a través de mensajes.