Por Mauricio Hernández Olaiz

En Tlaxcala, el gobierno de Lorena Cuéllar parece empeñado en defender lo indefendible: la adquisición de dos softwares —Carbyne y Video Synopsis— que fueron presentados como herramientas de “seguridad ciudadana” y que hoy generan más sospechas que confianza.

El gobierno busca convencernos de que estas plataformas no espían y que, contrario a lo publicado, no se han usado “solo dos veces” sino muchas. Pero el problema no es la cantidad de veces que se enciende un software, sino cómo, para qué y bajo qué reglas se hace. Porque la seguridad no se mide en notas de prensa, sino en hechos y transparencia.

Si realmente son tecnologías de emergencia y análisis de video, ¿por qué tanta opacidad en sus contratos?, ¿dónde están los protocolos de consentimiento ciudadano que aseguran que Carbyne no active cámaras y micrófonos sin autorización?, ¿en qué parte del portal de transparencia se publican las cifras exactas de uso de Video Synopsis patente de BriefCam? Hasta ahora, ninguna de esas respuestas aparece.

Carbyne, dicen, solo funciona con consentimiento ciudadano: a través de una aplicación o de un enlace enviado desde el 911. Pero nadie explica con claridad cómo se obtiene ese consentimiento, qué datos se recolectan, quién los almacena y cuánto tiempo se guardan. ¿Puede un ciudadano negarse sin que eso afecte la atención de su emergencia? ¿Qué pasa con la información médica y de contactos que dicen poder captar? Esas respuestas no aparecen en la nota oficial.

De Video Synopsis aseguran que solo analiza cámaras de seguridad “visibles”. Pero tampoco definen qué significa “visible”. ¿Son únicamente las del C5i? ¿También las privadas de negocios y hogares que se conecten al sistema estatal? Y sobre todo: ¿se hacen análisis con reconocimiento facial o rastreo de vehículos? La respuesta del gobierno es tan genérica que deja más dudas que certezas.

Lo más preocupante, reitero, es la falta de transparencia. Se insiste en que todo se hace “con legalidad y respeto a los derechos ciudadanos”, pero los contratos completos siguen sin publicarse, los protocolos de operación no están disponibles, y no existen informes públicos de auditorías independientes que garanticen que no hay abuso. Tampoco se ofrecen estadísticas verificables: ¿cuántas veces se ha usado Carbyne? ¿Cuántos casos resolvió Video Synopsis? ¿Qué emergencias fueron atendidas gracias a estas herramientas?

Lo cierto es que, sin voluntad política para abrir esos datos, lo que queda es un discurso defensivo que no resuelve la duda central: ¿se trata de herramientas para proteger a la ciudadanía o de instrumentos listos para la vigilancia política y social?

El riesgo no está en la tecnología en sí, sino en quién la maneja y con qué controles. Una plataforma como Carbyne puede salvar vidas si se usa correctamente; pero también puede convertirse en un “Gran Hermano” si se activa sin consentimiento real o si se guarda información sensible sin límites. Y Video Synopsis puede ser útil en investigaciones, pero sin auditorías externas fácilmente se transforma en un aparato de persecución.

En Tlaxcala, lo que necesitamos no son pretextos o discursos a la defensiva, sino contratos abiertos, estadísticas reales, protocolos de uso transparentes y supervisión ciudadana. De lo contrario, estos costosos softwares terminarán siendo recordados como una inversión millonaria más al servicio de la opacidad y no de la seguridad.

Porque la seguridad no se construye con silencios, ni con comunicados a medias; se construye con confianza, con reglas claras y con rendición de cuentas. Y en eso, este gobierno sigue debiéndole mucho a las y los tlaxcaltecas.

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